El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró los rumores sobre la posibilidad de legalizar los cultivos de uso ilícito y aseguró que dentro de las políticas y las propuestas esta no es una posibilidad, en este sentido, explicó que el centro de lo que se quiere hacer es se prime la vida de las comunidades.
El funcionario del Gobierno de Gustavo Petro se pronunció ante el Consejo Superior de Política Criminal y explicó a grandes rasgos las propuestas que estarían dentro del documento sobre la nueva hoja de ruta de erradicación, que está en proceso de cambios que van de la mano, con lo que se logre en los Espacios Consultivos Territoriales que se encuentran en 14 municipios.
En este sentido, resaltó, dentro del espacio donde había representantes, del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, con representantes de entidades del Gobierno Nacional y de organismos de cooperación internacional, que la propuesta buscará que se reconozca “la afectación desproporcionada, la persecución y la violencia que han sufrido los campesinos en los territorios”.
“Queremos una nueva Política de Drogas basada en la protección de la vida y de los derechos humanos, sostenible y amigable con el medio ambiente, que concentre el esfuerzo punitivo en aquello que debe perseguirse: el tráfico de cocaína y el lavado de activos”, explicó el ministro que en la misma línea de lo que ha mencionado el presidente explicó que esta debe ir más allá de la criminalización.
Además, hizo énfasis en que el éxito de este trabajo está en: “La de determinar la forma cómo se van a erradicar los cultivos de hoja de coca, cuáles se van a erradicar de inmediato, cuáles van a entrar en un proceso de gradualidad, cuáles se van a erradicar de inmediato, cuáles van a entrar en un proceso de gradualidad? De eso se trata”.
En su intervención concluyó que el enfoque de este Gobierno está volcado a la preservación de la vida y a la potencialización de la erradicación de estos cultivos que traen consigo más problemáticas en los territorios, especialmente los rurales.
A mitad de enero, Felipe Tascón, director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, habló sobre este tema y aseguró que el objetivo será lograr la industrialización del campo colombiano y la construcción de tejido productivo, pues explicó que la política usada desde hace varios años por el Estado no ha sido efectiva.
“La política es clara: industrializar el campo en las áreas de presencia de hoja de coca, amapola y marihuana. Nuestra labor es sentar las bases para un camino de industrialización para disputar el producto dominante: la cocaína. El modelo de erradicación forzada o sustitución del cambio de mata por mata no ha funcionado. Vamos hacia una nueva vía, la correcta: industrializar y construir tejido productivo”, señaló Tascón en entrevista con El Tiempo.
En este sentido, aseguró que teniendo la información a la mano se puede concluir que son, al menos, 99.000 familias que están dispuestas a acogerse a los cambios que propone el Gobierno, pero que no se puede dejar de lado que los campesinos que siembran hoja de coca, en su mayoría, lo hacen para garantizar su supervivencia, por lo que se debe construcción de una política de cambio del modelo que les asegure el sustento y responda a las necesidades de esas personas que han sufrido el abandono estatal y la estigmatización.
El director dejó en claro que, aunque sembrar coca no es ilegal, los campesinos que han volcado sus esfuerzos a esto como última opción si están inmiscuidos en “un circuito que es ilegal” y es peligroso para ellos. Por lo que desde la agencia tienen la meta de lograr alternativas, no solo para dejar la producción de hoja de coca, sino para que también tenga rentabilidad.