El revuelo que se generó por el proyecto presentado por la Superintendencia de Transporte, sobre controlar o restringir las aplicaciones de movilidad, como por ejemplo: Uber, DiDi, Cabify; sigue generando una gran polémica, además que se prevén movilizaciones en contra de la iniciativa. Se estima que unas 100 mil personas se verían afectadas en caso de que sus temores se confirmen y terminen sin trabajo. El ministro Guillermo Reyes salió a dar un parte de tranquilidad, pero, dejó en entredicho cual sería el futuro de las plataformas, pues manifestó que el Congreso tendrá la última palabra.
El tema resultó ser bastante controvertido, principalmente porque es el mismo enfrentamiento que se tiene desde que llegaron estas aplicaciones al país, qué plataformas son legales y cuáles no. La inquietud tiene en vilo a cientos de miles de familias que dependen del sustento que dejan estas plataformas, por lo que no se descartan manifestaciones, tanto a favor como en contra del proyecto.
La Alianza In es el gremio de aplicaciones e innovación. Allí se estima que unas 100 mil personas trabajan en dichas plataformas; es por esto que piden entrar a considerar 4 puntos que afectarían gravemente a estos ciudadanos, y a la economía en general.
“El proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de $10 millones para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros (...) si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44% estaría desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente y el 14% tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social”.
Voces a favor y en contra: estas son las cifras de las aplicaciones de movilidad
En el Registro Único Nacional de Tránsito se calculan que para el 2023 hay más 991 mil vehículos de transporte público en el país. De estos, se calculan que 215 aproximadamente sean taxis, mientras que hay más de 16 millones de carros que son de servicio particular, de los cuales habrían casi 100 mil entre Uber, DiDi y Cabify, cifra que podría aumentar considerablemente teniendo en cuenta el parque automotor a disposición.
Es aquí donde se centra el debate, pues más que la legitimidad de operación de las aplicaciones, tema que ya se ha debatido y sentenciado en diferentes instancias judiciales, y que a día de hoy sigue sin ser clara; la afectación tanto para conductores y usuarios sería significativa, pues estas plataformas albergarían unos 8 millones de usuarios, los cuales se quedarían sin opciones de movilidad.
“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, reveló José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.
Desde el Ministerio de Transporte revelaron que el próximo 1 de febrero, en horas de la tarde, el jefe de esta cartera se reunirá con el gremio de los conductores y representantes de aplicaciones, con el fin de concreta el proyecto del régimen sancionatorio que finalmente aprobará o no el Congreso de la República.
No obstante, Guillermo Reyes se siente intranquilo, teniendo en cuenta que ninguna de las partes logra llegar a un punto medio en las pretensiones que presenta el otro. En diálogo con W Radio, aseguró que no es cierto que se prohibirán los sistemas de transporte, sino que se buscará la formalización de dichas plataformas, aunque será el legislativo el que tenga la última decisión sobre la reglamentación:
“Se sienta uno con las plataformas, se molestan unos; se sienta uno con los taxistas, se molestan los otros (...) Creo que el país tiene que superar estas exclusiones. El presidente lo dijo en Palacio y les molestó a los taxistas, nosotros no vamos a prohibir los sistemas de transporte que existen en las diferentes regiones del país (...) Le he solicitado a la superintendente que mientras no tengamos el diálogo con las plataformas y conductores no radicaremos nada”.
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