Paro de transportadores en Soacha: conductores y Alcaldía llegaron a un acuerdo

En la mañana del martes (31 de enero), los habitantes de Soacha tuvieron que salir a pie del municipio, ante la falta de buses de transporte público, debido a que sus conductores iniciaron un paro indefinido en la madrugada.

Sin embargo, hacía las 9:00 de la mañana el alcalde twitteó en su cuenta oficial: “iniciamos reunión con los transportadores de Soacha. Temas centrales: tarifas, estado de los vehículos, calidad del servicio, seguridad en los recorridos, chatarrización de automotores que tienen más de 30 años de uso y están en mal estado”.

Y hacía las 10:00 se dio a conocer que la administración municipal llegó a un acuerdo con el gremio de conductores en el que, oficialmente, el costo del pasaje entre Soacha y Bogotá será de $2.500 COP. Un salvavidas controversial que, desde ya, causa malestar en la ciudadanía.

Su descontento era con un decreto expedido por la alcaldía de Soacha, el pasado viernes 27 de enero, con el que se congelaron las tarifas de transporte entre Bogotá y Soacha, en $2.100 COP, y dentro del casco urbano en $1.300 COP.

Lo anterior, a raíz de denuncias de usuarios que aseguran que, a partir del primero de enero, empezaron a pagar $2.500 COP; es decir, 400 pesos más que el año anterior. Dicho incremento habría sido acordado entre empresas transportadoras; sin embargo, la administración local nunca dio autorización para que aumentaran los precios.

Pero, lo que habitantes de Soacha consideran un abuso de parte de los conductores, para ellos –recalcan– es una necesidad, debido al incremento en el costo de los insumos que requieren para poner en marcha sus vehículos.

Sin embargo, antes de la reunión, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, señaló que el incremento aprobado por su administración está previsto para marzo, cuando, por fin, logre determinarse un precio adecuado, ya que, en Bogotá tiene sentido el aumento debido a que hay una una nueva flota de buses, pero en Soacha, añadió, siguen siendo los mismo de hace 30 años que, además, prestan un pésimo servicio a sus clientes.

“No van a tener (los conductores) que subir mayor cosa porque allá tenemos un poco de buses viejos, que ya la depreciación de sus vehículos venció su reposición, tienen más de 20 años de servicio; el ministerio ha venido dilatando el tema de la reposición prestando un pésimo servicio a la ciudad, generando trancones porque se varan en todo lado”, dijo en una entrevista para Blu Radio.

Toda esta situación tuvo a personas cobrando entre $3.000 COP y $5.000 COP por pasajero, para acercarlos en su vehículo privado hasta San Mateo, pero ni siquiera ellos se salvan de los interminables trancones causados por las protestas en la Autopista Sur con carrera 66 –en sentido oriente occidente– o de los grupos de personas que, según reportes, estaban bajando a pasajeros de buses con destino a Bogotá

Pese a su decisión, en su última entrevista Saldarriaga insistió en que “la comunidad no tiene que pagar más por un pésimo servicio” y que los conductores no le “pueden pedir que suba los precios antes de un año”.

Ellos, desde las calles, respondían que su veto se basa en el desconocimiento del incremento en el costo de los insumos que utilizan, las diferencias entre movilidad nacional y urbana un estudio del que no tienen información: “mencionando un supuesto estudio que nunca dio a conocer a los transportadores, NO tuvo en cuenta todas las alzas realizadas y que nos afectan como son: rodamientos, parafiscales, sueldos mantenimientos, póliza extralegal y contractual”, referencia Noticias Caracol.

24 horas antes, taxistas decidieron entablar un plan tortuga, también en Soacha, bloqueando durante horas la Autopista Sur, que, desde la madrugada del último día de enero presentó afectaciones por cuenta de los buses de servicio público.

De acuerdo con los conductores de taxis, buscaban hacer pública su posición en contra de la informalidad. “Nos cansamos de la inseguridad y la piratería. Tenemos un compañero en coma en el cardiovascular y otro macheteado. La piratería también nos tiene en jaque”, dijo uno de los manifestantes, para un diario local.

Todo esto, a contados días de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, radique, ante el Congreso de la República, un proyecto de ley con el que se pretende incrementar las sanciones en contra de los conductores de vehículos particulares que prestan servicios de transporte a través de plataformas como Uber, Didi e InDriver.