Ministerio de Transporte respondió que el Congreso de la República decidirá la suerte de plataformas como Uber, DiDi e InDrive

La salida de estas aplicaciones móviles afectaría el ingreso económico de 100 mil familias colombianas

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Las plataformas digitales de movilidad
Las plataformas digitales de movilidad reúnen más de 100 mil trabajadores, según Fedesarrollo.

El Ministerio de Transporte se pronunció sobre la polémica que encendió la Superintendencia de Transporte con la propuesta de un proyecto de ley que busca prohibir las aplicaciones móviles de transporte.

De una vez, la cartera informó que será el Congreso de la República el que apruebe o no la iniciativa.

“En lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización del transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra”, informó el Ministerio por medio de redes sociales.

Tuit del Ministerio de Transporte.
Tuit del Ministerio de Transporte.

A su vez, dejó claro que es tarea de la cartera es velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios con la garantía de seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la ley.

Lo que por ahora se conoce es que la Superintendencia de Transporte pretende bloquear e intervenir los servicios de movilidad prestados por cibersitios como Uber, DiDi e InDrive y estudia penalidades económicas contra los usuarios si es que el proyecto de Ley es aprobado.

Graves consecuencias

En relación a esta iniciativa, Alianza In, el gremio de aplicaciones e innovación de América Latina, alertó sobre las graves consecuencias que tendría la aprobación del borrador del proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte, que va por su tercer borrador y será radicado próximamente en el Congreso de la República.

En concreto, advirtió cuatro efectos muy graves de la eventual aprobación de esta iniciativa. El primero de ellos es que las plataformas digitales de movilidad serán prohibidas de forma tajante y que los ciudadanos serán castigados.

“El proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de los conductores por un término de entre uno y tres meses, multas de más de $10 millones para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros”, anotó.

Otro es que más de 100 mil conductores quedarían sin fuente de ingresos.

“Según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44% de los conductores estaría desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente y el 14% tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social”, indicó Alianza IN.

Además, que no es coherente el mensaje del Gobierno nacional, ya que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, expresó el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario.

“Desde Alianza In hemos presentado propuestas y ejemplos internacionales que pueden contribuir en esta tarea. Y debemos reiterar que la prohibición y persecución de esta actividad económica es el peor camino posible”, subrayó.

De igual forma, que es pasarse por la faja el principio de neutralidad de red, ya que el borrador del proyecto de ley propone una violación flagrante a este principio, el cual le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de internet.

“Este es un principio del derecho internacional también previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de Uber en 2019, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad de red”, puntualizó.

El director ejecutivo de la asociación, José Daniel López, reiteró la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100 mil personas, concreten la libertad de elegir de los ciudadanos, promuevan la movilidad sostenible y dinamice la economía digital.

“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, señaló.

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