Cuando todavía continúa la indignación en el país por la deplorable situación que padecen Nakuk en el departamento del Guaviare, donde incluso se ha denunciado la explotación sexual de los menores de esa comunidad ancestral, la Defensoría del Pueblo alertó el lunes 30 de enero a las autoridades departamentales ante el hallazgo de artefactos explosivos en donde habita este pueblo indígena.
“Efectivamente nuestros funcionarios constataron que había elementos con contenido explosivo instalados en un terreno comunitario, en Boquerón, municipio de San José del Guaviare, donde están cerca de 52 personas del pueblo #Nukak, incluyendo niñas y niños (sic)”, publicaron en la cuenta oficial de Twitter de esa entidad.
Tras conocerse la situación, militares del Ejército Nacional de Colombia acudieron al lugar para poder detonar de manera controlada el material bélico y salvaguardar a la comunidad.
“Integrantes del Batallón Joaquín París hicieron las acciones de desminado humanitario, desactivando de manera controlada lo artefactos explosivos improvisados, con el acompañamiento de los funcionarios en terreno de la @DefensoriaCol”, indicaron.
La entidad señaló que esta acción atentaba contra la población civil, la cual no debe ser involucrada en el contexto de un conflicto armado.
“La presencia de artefactos explosivos improvisados en territorios étnicos limita la movilidad humana, la seguridad alimentaria y constituye una violación al #DIH de quienes no participan en el conflicto armado interno en el país”, afirmaron.
Finalmente hicieron un llamado a los grupos armados ilegales del país para que no incursionen en los territorios de las comunidades ancestrales.
“Exigimos el respeto a los derechos de las comunidades étnicas y de los territorios ancestrales. Desplegamos nuestras capacidades institucionales de manera integral en los territorios más vulnerables del país”, agregaron.
Hace dos semanas se conocieron una serie de denuncias por presuntos hechos de violencia y explotación sexual de los menores de los Nukak que solía ser pueblo de cazadores-recolectores nómadas en la Amazonía colombiana, tras tres décadas de contacto con la sociedad occidental.
El gobierno declaró de interés prioritario la atención a los menores indígenas tras advertir que en los últimos cuatro años han sido denunciados penalmente 69 casos de violencia sexual de niñas de las comunidades indígenas Nukak y Jiw, pueblos declarados en vía de extinción en Colombia.
La violencia sexual no es nueva, pero el foco en la situación sí lo es. El Estado activó sus capacidades desde que en diciembre pasado una investigación de Univisión relató cómo civiles y militares en Guaviare habrían inducido a menores de edad a tener relaciones sexuales a cambio de comida, un par de dólares o boxer, para drogarse y evitar sentir hambre.
Luego de enviar una comisión especial, la Presidencia concluyó el jueves que existen relatos relacionados con la inhalación del pegamento o consumo de sustancias psicoactivas. Advirtió que la crisis alimentaria que sufren conlleva a que los niños salgan de su territorio indígena a buscar comida, lo que es aprovechado por posibles redes de microtráfico y de trata de personas en la región.
El gobierno no descarta la posible presencia en el territorio de una red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, verificará qué ocurrió con los 378 casos de violencia sexual entre 2018 y 2020 que aparecen registrados en Guaviare por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad estatal encargada de velar por la niñez. La fiscalía advirtió que podrían iniciar procesos penales por omisión contra funcionarios si descubren que no hicieron el proceso para que se activara la investigación.
“La violencia sexual viene desde hace mucho tiempo y existe en nuestro alrededor porque el contacto con la sociedad occidental ha dejado a muchas de nuestras niñas vulnerables también frente a temas estructurales como la pobreza y la educación”, aseguró Yormery Avendaño Pascual, indígena y asesora en temas de mujer y familia de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
(Con información de AP)
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