La Contraloría General de la República confirmó que por problemas de cobertura aproximadamente 530 mil estudiantes no recibirán asistencia del Programa de Alimentación Escolar PAE. Según el informe, nueve Entidades Territoriales Certificadas (ETC) ubicadas en Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga no contarían con la logística necesaria ni tendrían el recurso humano, sino hasta 30 días después de la fecha de inicio de clases en los colegios públicos del país.
Por ineficiencia en la planeación en los procesos de contratación en estos departamentos, más de 500 mil niños no contarán con el alimento básico que provee el Gobierno nacional a través del Programa de Alimentación Escolar.
Las deficiencias fueron encontradas por la Contraloría en el marco del seguimiento del programa de alimentación en todo el país, en trabajo coordinado con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA).
La situación por ciudades está de la siguiente manera: Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, el cual pudo generarse por no adjudicar a ningún proponente, Sucre anunció que a partir del 15 de marzo podría iniciar el plan de alimentación, y Córdoba no tendrá prórroga.
Aun así, las ciudades que presentan mayor retraso son Santa Marta, que no ha iniciado proceso de contratación; Valledupar, donde apenas iniciaría el proceso de adjudicación de contratos, y en el Pacífico colombiano, Buenaventura espera proponentes, mientras Quibdó lo hizo apenas el 23 de enero.
La Contraloría hizo un llamado de atención a estas ETC por el incumplimiento de la Resolución 359 de 2022, “por la cual se efectúa un encargo en una vacante temporal de un empleo de carrera de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito”.
En medio de este proceso, el Gobierno nacional entregó más de 124 mil millones de pesos para ejecución del PAE en estos territorios, con el propósito de que este comenzara en el primer mes de 2023.
La contralora delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, afirmó que, “el acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021″.
En medio del regreso a clases de los estudiantes de instituciones públicas en Colombia, se concluyó que de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el 16 de enero, y solo en 45 de estas se inició la prestación del servicio de alimentación.
Estos datos indican que 15 entidades en total no cumplieron con lo pactado por resolución, y deben agilizar los procesos de contratación lo más pronto, de lo contrario podrían recibir sanciones y los niños y adolescentes de estas instituciones serían los más perjudicados.
En medio de la presentación del ‘Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar PAE’, de la Defensoría del Pueblo; la entidad también anunció que hará un seguimiento sistemático al proceso de alimentación en pro de defender y garantizar los derechos de los niños, niñas y los adolescentes que hacen parte de este programa.
“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niños del país”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.