Claudia López y María José Pizarro discuten sobre la reforma a la justicia: “Sin impunidad ni excarcelación”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha expresado su rechazo a la reforma del sistema judicial que presentará el Gobierno nacional, especialmente por el proceso de “excarcelación” de algunos presos por delitos menores. Al respecto, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, cuestionó la posición de la mandataria local y entre ambas empezaron un debate a través de redes sociales.

“Toda persona debería visitar la cárcel para presenciar lo infame de lo que allí sucede”, escribió la congresista y destacó que antes de pensar en la prisión como una solución, habría que revisar otras opciones para solucionar “todo problema social”. Seguido a ello, invitó a la alcaldesa a que “vayamos juntas al Buen Pastor —un centro de reclusión de mujeres en Bogotá— y luego sigamos debatiendo”.

La mandataria no dudó en responder destacando sus avances en el trabajo de resocialización de las cárceles en Bogotá. “La invito senadora a que venga a la única cárcel certificada de Colombia, la cárcel distrital”, manifestó López e indicó que en el centro penitenciario se “invierte y ofrece seguridad y justicia efectiva, sin impunidad ni excarcelación”.

Para la integrante del Partido Alianza Verde, la propuesta del Ministerio de Justicia pone “en riesgo la vida y tranquilidad de los ciudadanos”. En un hilo de trinos, López también le aseguró a Pizarro que “la justicia social no reemplaza la judicial”, teniendo en cuenta que Bogotá ganó el Premio Nacional de Superación de la Pobreza gracias a proyectos como la renta básica y las manzanas del cuidado.

El rechazo de la funcionaria generó polémica en su momento tras publicar una “carta en contra la impunidad”, que invitaba a la ciudadanía a rechazar cualquier iniciativa, proyecto de ley o ponencia que contemple la libertad de los capturados. López explicó después que se trataría de una movilización social pacífica por los intereses de la población civil: “Los ciudadanos pedimos justicia social y la apoyamos (...), pero pedimos justicia judicial y la exigimos”.

En una entrevista en Blu Radio, afirmó que estaba más preocupada “por la humanidad de las calles que por la humanidad de las cárceles”. Aunque reconoció que el hacinamiento carcelario es una problemática que debe solucionarse y resaltó nuevamente el proyecto que lideró su administración: “Llevo tres años y la única cárcel de Colombia que resocializa es la cárcel Distrital de Bogotá”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Néstor Osuna, comentó que la reforma no pretende excarcelar a los presos, sino que plantea un proceso de resocialización en las mismas cárceles. “¿Puede un proyecto penal evitar la criminalidad? —cuestionó el jefe de cartera ante la W Radio—. No, en ninguna sociedad. El objetivo es evitar la reincidencia y eso se logra con procesos de socialización y justicia restaurativa”.

El principal objetivo del Gobierno de Gustavo Petro con el proyecto de ley es descongestionar las cárceles debido a los altos índices de hacinamiento. Los datos más actuales de la Defensoría del Pueblo precisaron que la sobrepoblación carcelaria —para agosto de 2022— llegó al 177% en los centros de detención transitoria, mientras que en los establecimientos de reclusión fue del 20%.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia propuso que haya una inclusión y resocialización de los presos en Colombia, por medio de trabajos para los privados de la libertad. “El Estado tiene que conseguirle un trabajo público o en empresa particular —explicó Osuna—. La persona sale vigilada por el Estado y en la noche regresa a dormir en la cárcel”.

Si bien solo se beneficiarían los presos que hayan cumplido más del 60% de la pena, “queremos que esas personas sean productivas, que puedan enviarles sus salarios a sus familias”. También indicó que el trabajo estaría vigilado y tendría todas las garantías para que no existan fugas y “para que la sociedad no tenga ningún riesgo”.