En el país se estaría entregando la custodia de los menores al ‘’mejor postor’', según una investigación adelantada por Semana. Al momento de dar custodia o poner en cuidado a un menor no se estaría teniendo en cuenta el mejor entorno de los niños, sino con la capacidad monetaria con la que cuenten los interesados y las influencias que direccionen investigaciones penales.
Ejemplo de ello es el caso de un padre de familia que fue denunciado por presunto abuso sexual contra su hija de 14 años. El proceso investigativo se adelanta por el ente judicial de Cundinamarca, dentro de su desarrollo, se establece que la funcionaria de la entidad de la rama judicial le estaría entregando información confidencial al investigado, que podría favorecerlo.
Durante llamada telefónica la administrativa le entrega instrucciones sobre la hora a la que el fiscal llegará a la entidad y le menciona que el funcionario va a ir hasta el lugar explícitamente para resolver su caso. Esta conversación ya se encuentra en posesión de la Fiscalía General de la Nación y se dio antes de octubre del 2020, charla con la que espera se adelanten investigaciones pertinentes para atacar al ‘’cartel’'.
En la conversación, la funcionaria del ente acusador dice que el fiscal no tiene experiencia, pero que ella ya se encargó de decir que la denunciante (compañera sentimental) tiene problemas de salud mental, lo cual predispone a quien dirige la investigación. A su vez, la mujer menciona que habló al dictamen de peritaje que ordenó la comisaría, así los resultados que se dieran beneficiarían al incriminado por supuestos problemas emocionales.
Desde septiembre del 2021, se revelaron detalles exclusivos de las indagaciones sobre una posible red que gestiona fallos amañados en complicidad de la comisaría de la familia, abogados, psicólogos, peritos e incluso jueces.
Se presume que al menos 15 casos de mujeres que dijeron en la Comisaría Segunda de Usaquén, liderada por la comisaria Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, fueron víctimas de abusos por parte de sus parejas y padres de sus hijos, se sorprendieron al evidenciar irregularidades, ya que los niños eran entregados al presunto abusador, pese a las denuncias instauradas.
La determinación de entregar la custodia en los casos se basaba en el peritaje psicológico en el que los expertos informaban a las madres que no se encontraban bien de su salud mental y por ello no podrían hacerse cargo de los menores, en algunos de los casos las mujeres ni siquiera podían visitarlos.
Según las víctimas la comisaría recomendaba a las partes una lista de abogados y peritos forenses para que llevaran el proceso y evaluaran los casos y se pagaban entre 2 y 25 millones de pesos. La comisaría, al parecer, se refería a la parte menos favorecida económicamente que el padre denunciado había corrido con los gastos “generosamente” y el concepto psicológico y, por ende, el fallo solía salir en contra del que no aportaba dinero o daba en menor cantidad.
En cuanto al caso citado en un principio, se conoció que en otra de las grabaciones se demuestra que la funcionaria de la Fiscalía se comunica con el investigado y le solicita que reclame los documentos ‘‘que le serán útiles durante el proceso’'.
En la tercera grabación que se obtuvo se oye a la excomisaria Yaneth Fabiola hablar con el padre investigado. Él mismo le indica que el fiscal que lleva su caso pasará por la comisaría a llevarle, personalmente, unos documentos, cuando ella aún ejercía su cargo.
Determinaciones de la Fiscalía General
La Fiscalía confirmó que adelanta investigaciones sobre la participación de integrantes del organismo en estos casos y aseguró que entregará información a la ciudadanía cuando el proceso culmine porque en el momento no puede referirse ya que el asunto involucra los derechos de los niños y se requiere mayor garantía de los involucrados.
La excomisaria Yaneth Fabiola llamó a conciliar a medios de comunicación y entidades del Estado, ya que según la exfuncionaria se considera una víctima de persecución que le ha generado afectaciones que se pueden cuantificar, según ella, en más de 1.000 millones de pesos.
No obstante, se requieren resultados sobre una de las principales amenazas a la integridad de los menores de edad del país en relación a la credibilidad de la justicia nacional.