El 28 de enero, la concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Lucía Bastidas, denuncio ante la opinión pública que el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital colombiana, presentado por la alcaldesa Claudia López, pone en riesgo a los colegios privados de Bogotá.
“Los propietarios de estos colegios me han manifestado la preocupación sobre cómo las denominadas “Actuaciones estratégicas” impiden el desarrollo y en algunos casos la legalización de sus infraestructuras educativas al no estar reglamentadas en la actualidad estas actuaciones”, advirtió la concejal Bastidas.
Anotó también que esto último “va a congelar el desarrollo de la ciudad en lugar de …”detonar procesos de revitalización y desarrollo en lugares estratégicos para la ciudad”, cómo define la planeación sobre esto”.
Y es que para la concejal Bastidas el problema radica en que “en el POT se “insiste” en la priorización de los equipamientos para la educación. En la realidad, al momento de aplicar la norma está restringe los colegios privados y no permite que mejoren sus condiciones a la atención, cuidado y enseñanza que brindan desde hace décadas muchos de ellos a las ciudad y ahí si, dentro de una visión de 30 minutos”.
Vale señalar que las Actuaciones Estratégicas, a las que se refiere la concejal, fueron reglamentadas en el POT y son 25 delimitaciones zonales, con la intención de conformar espacios que permitan el acceso a todos los servicios en desplazamientos que no superen los 30 minutos.
“La alcaldesa Claudia López en su discurso de defensa del nefasto POT, habla de cómo este va a fomentar los servicios del cuidado y como se van a poder implementar en la ciudad con el fin de “pagar la deuda social” por los próximos años y que no es más que otra promesa fallida lejos de la realidad y del discurso de la alcaldesa”, afirmó la cabildante de la Alianza Verde.
Otro aspecto que preocuparía a los colegios privados es la reglamentación del estándar de calidad espacial y el plan maestro del cuidado, los cuales no considerarían el papel que estas instituciones desempeñan en la construcción del tejido barrial.
Bastidas recordó que estas instituciones educativas brindan una atención oportuna a la comunidad, debido a su vinculación con los barrios, asimismo resaltó que no hay claridad si continuarán los “ambientes compartidos”, implementados en el plan maestro de equipamientos de 2006.
Los ambientes compartidos son espacios públicos que los colegios pueden usufructuar en función del servicio que estas instituciones brindan a la niñez y juventud, son contemplados como parte del equipamiento educativo de los colegios.
La concejal advirtió que los colegios privados son fundamentales para la ciudad y los bogotanos, y aseguró que son espacios que deben involucrarse en los procesos de cierre de brechas en las desigualdades, en tanto son los encargados de orientar a los jóvenes e intégralos al tejido social.
“Por eso preocupa enormemente que este POT de afán los esté afectado de la forma que lo hace, mientras la alcaldesa habla de cómo el sistema distrital del cuidado es el pago a “la deuda social”.
Según cifras de la Secretaría Distrital de Educación, para 2021, los colegios privados representaron el 35,9% de la matrícula en Bogotá, brindada atención y servicios a 446.113 alumnos.
Las localidades con mayor número de estudiantes matriculados en colegios privados son: de Suba (103.655), Usaquén (41.831), Kennedy (48.688), Engativá (49.591) y Bosa (32.003). Además, estas instituciones emplean a cerca de 27.673 docentes en toda la ciudad.
Denuncian que hay salarios atrasados en jardines de Bogotá
La concejal de Bogotá, que se ha desempeñado como opositora del gobierno de la alcaldesa Claudia López, también denunció que se está presentando una serie de irregularidades en la Secretaría de Integración Social, encargada de la protección de personas vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad.
Entre otras situaciones, hay demoras en los pagos desde diciembre para algunos de los trabajadores de jardines infantiles administrados por el Distrito.
Según la cabildante, los reclamos vienen de funcionarios de todas las dependencias de esa secretaría. Por ello, “se afecta gravemente a los ciudadanos más vulnerables; en repetidas ocasiones he alertado lo que está pasando. Hablamos de demoras en pagos a contratistas, acoso laboral, desabastecimiento técnico, bajo recurso para el material de los niños en los jardines infantiles, bajo número de contratistas en los servicios y más”.