Ley Antichancleta: aumentó el maltrato de menores de edad un 30% en 2022, a pesar de la normativa

En febrero de 2022, la Corte Constitucional modificó la Ley 2089 de 2021 o la Ley Antichancleta, que buscaba prohibir el castigo físico hacia los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, después de un año de implementación, los resultados no fueron los esperados. Un informe de Medicina Legal —presentado en el Congreso de la República— detalló un aumento en los casos de maltrato infantil del 30%.

De acuerdo con la revista Semana, Colombia registró 36.253 casos de maltrato a menores en 2022, mientras que hubo 27.539 en 2021. El informe de Medicina Legal precisó que el aumento más dramático está relacionado con la violencia intrafamiliar: en 2022 hubo 7.831 víctimas y en 2021 reportaron 3.446, lo que representa un incremento del 44%.

Esos datos fueron entregados el 25 de enero en una audiencia pública en la Cámara de Representantes. En el encuentro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó el informe del Gobierno nacional frente a la implementación de la Ley Antichancleta, de la mano de las carteras de educación y salud.

El congresista y autor de la normativa, Julián Peinado, señaló durante la audiencia que lo más preocupante de esas cifras es el subregistro que existe detrás. “Los casos que llegan a Medicina Legal son los más extremos, cuando ya evidencian lesiones en el menor, pero no se tienen en cuenta las agresiones en el hogar con la correa o con el cable de la plancha”, puntualizó el representante a la Cámara del Partido Liberal.

El ICBF mostró los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes ante los representantes del Capitolio Nacional. Según la revista Semana, el 70% de las vulneraciones hacia los menores ocurren en el hogar y el 77% de los padres y madres reconocieron que el castigo físico es una de sus maneras para “corregir” a sus hijos.

“Cuando aparecimos en el centro histórico de Cartagena, los niños corrían como si fueran ratoncitos, escondiéndose junto a sus madres porque había llegado el Instituto de Bienestar Familiar. Eran más de 80 menores”, explicó Concepción Baracaldo, directora del ICBF, frente a un recorrido que realizaron por la capital de Bolívar respecto a la explotación sexual y las agresiones que sufren los niños, niñas y adolescentes en sus hogares.

Por otro lado, la entidad también es responsable de implementar la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención contemplada en la Ley Antichancleta en los 32 departamentos del país. Según la revista mencionada, el plan contempla también los municipios que están vinculados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y tiene cuatro elementos clave: gestión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades, participación e incidencia social.

Para Julián Peinado, existe una falta de pedagogía en la implementación a cargo del instituto. “Hace falta establecer rutas de intervención en particular y acompañar a las familias para darles todas las herramientas de crianza sin violencia”, expuso el congresista.

También mencionó la necesidad de un mayor apoyo por parte de los organismos de salud para atender las situaciones de violencia. “Son reiterativas las denuncias de la ciudadanía y de las organizaciones por la deficiente atención y reacción por parte de las Comisarías de Familia y de la Fiscalía ante estos casos”, destacó el miembro del Partido Liberal. En ese sentido, cuestionó que haya una verdadera articulación entre las entidades estatales.

”Yo creo que aquí también es necesario contar con un apoyo de los medios de comunicación para promover la Estrategia Pedagógica”, resaltó Peinado. Seguido a ello, manifestó que la normativa no solo sirve para denunciar los casos de violencia, sino que es “una herramienta preventiva para evitar la exposición y reproducción de los castigos físicos y tratos humillantes”.