No para la nueva polémica por la decisión del presidente Gustavo Petro de que el Gobierno nacional asumirá de manera temporal la regulación de los servicios públicos con el fin de regular los precios de las tarifas de estos.
Al pronunciamiento de gremios y comisiones de que se respete la institucionalidad y la independencia se sumó la del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien invitó a revisar las fórmulas tarifarias en caso de que sea factible que el Gobierno sea el regulador.
“La reducción de las tarifas de los servicios públicos, en especial las de la electricidad, son factibles, pero no es destrozando la institucionalidad como se pueden lograr ni prescindiendo de los aportes técnicos de las comisiones de regulación”, aseguró Restrepo.
Precisó que para ello son necesarios varios puntos, la reducción de la inflación y revisar fórmulas tarifarias viendo sea técnicamente factible dentro de las comisiones de regulación en las que el Gobierno tiene mayoría.
“Es necesario renegociar los contratos que se celebraron con las dos empresas que tomaron el relevo de Electricaribe en el gobierno de Iván Duque, que les permitió llevar a la tarifa las pérdidas de energía, pues allí radica la razón principal del alza del 40% de las tarifas en la Costa atlántica”, explicó.
La posición de los gremios
Algo similar advirtieron los gremios del sector de energía eléctrica y gas natural.
En un documento, Andesco, Asocodis, Andeg, Acolgen y SER Colombia ratificaron que están a disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico que contribuyan a la situación actual en el marco de institucionalidad.
En este, anotaron que los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994, por las cuales se establecieron, respectivamente, el régimen de los servicios públicos domiciliarios y el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, cuentan con una institucionalidad robusta y estable, la cual permite que todos los actores, incluyendo el Gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajaron de manera articulada y lograron en las últimas tres décadas mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
Sin embargo, precisaron que los anuncios del Gobierno de hacerse cargo de la regulación de los servicios públicos debilitan la institucionalidad.
“Las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicar ía a todos los colombianos”, advirtieron.
Aseguraron que es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables y mantener la independencia de los entes de regulación para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.
No obstante, ratificaron que están a entera disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República y las entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial.
A respetar la pluralidad y especialización de las comisiones
Este es un pronunciamiento más sobre lo asegurado por Petro hace unos días, pues la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) ante dicho anuncio hizo un llamado a la necesidad de respetar la pluralidad y especialización de las comisiones en las decisiones regulatorias para que se incluyan las recomendaciones de todos los actores involucrados.
“Las decisiones que se tomen en materia de regulación de los servicios públicos tienen que estar basadas en el conocimiento técnico, los riesgos que asumen los empresarios en sus planes de inversión y la confiabilidad energética del país hacia el futuro”, advirtió María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, gremio que agrupa a más de 7.000 empresas y genera alrededor de cinco millones de empleos en el país.
Acto seguido, el gremio invitó a que se consolide y adelante un diálogo entre los gremios de servicios públicos y el Gobierno nacional para que las determinaciones sean el resultado de la diversidad e inclusión de conocimiento y experiencias, que mantengan la seguridad jurídica de las empresas y asegure la prestación de los servicios a los colombianos.
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