Tras reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Casa de Nariño para analizar las recomendaciones que este organismo formuló luego del estallido social en 2021, el presidente Gustavo Petro hizo pública una promesa del Estado que, por ese entonces, reprendió a quienes quisieron ejercer su derecho a la protesta social de manera pacífica:
“Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21. El Estado se compromete a reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social”.
En el encuentro, del que hicieron parte la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla; el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, Joel Hernández García, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, se acordó la creación de un mecanismo de seguimiento conjunto, entre el gobierno Nacional y la CIDH, del que, también, participará la sociedad civil.
Según dijo la viceministra Gil, en entrevista para Blu Radio, dicho mecanismo aún se encuentra en construcción y será aprobado tan solo después de que ambas partes hayan presentado una propuesta individual, para tomar los mejores elementos de ambas:
“Todavía no tenemos perfeccionado el mecanismo. Quedamos en que después de las conversaciones la CIDH va a presentar una propuesta y el gobierno le hará una contrapropuesta para poder tener acordado un mecanismo en el plazo de más o menos de un mes”.
Una vez logren consolidarse, iniciará un proceso de participación ciudadana, en el que se escucharán propuestas y se responderán dudas de quienes sufrieron actos de represión, proceso que podría tomar hasta tres años: “de aquí a un mes esperamos tendremos un proceso de escucha y consulta. Estamos pensando en un periodo de tres años”.
Sin importar el tiempo que pueda tardar, la CIDH y el Gobierno Nacional se comprometieron a hacer este proceso efectivo con cada una de las victimas que dejó el estallido social en contra del Gobierno de Iván Duque en 2020 y 2021.
Mismo que, durante la última visita de la Comisión, encontró varios obstáculos para reunirse con dicho organismo y hacer una revisión de las denuncias que, por ese entonces, realizaron varias organizaciones de derechos humanos.
Al respecto, la viceministra Gil quiso enseñar un nuevo rostro del Estado frente a los acontecimientos que llevaron a la CIDH a generar un informe con recomendaciones sobre cómo manejar la protesta social: “la razón por la cual hacemos esto es porque creemos que las recomendaciones que nos dejan los órganos internacionales de derechos humanos tienen el potencial para producir cambios estructurales que nos permitan garantizar la no repetición”.
Y, con eso en mente, reiteró su compromiso con la sociedad civil: “nos hemos comprometido con cada uno de los órganos internacionales de derechos humanos a que cada recomendación será tomada en cuenta, analizada y tomada seriamente. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que haremos con la sociedad civil”.
De ahí que, Estado y Comisión Interamericana, juntos trabajen a largo plazo en la construcción de un mecanismo de seguimiento y verificación que, de acuerdo con el relator Hernández “va a permitir a la Comisión acompañar los esfuerzos nacionales en poder garantizar el derecho a la protesta social”. Lo anterior bajo el marco de la política de paz total del actual Gobierno que, durante un conversatorio en Cali con el movimiento ‘Compromiso Valle’, recalcó que la paz no solo se hace con actores armados, sino también a través del dialogo con la ciudadanía.