Una alarmante cifra fue revelada por las autoridades, se trata del incremento exponencial de uno de los delitos considerados de alto impacto por la justicia nacional. Desde el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional fue indicado que durante el año pasado en el país se aumentaron los casos de extorsión en un 11%. Las cifras arrojan que durante el 2021 se reportaron un total de 8.342 casos, mientras que a lo largo del 2022 se reportaron 9.243 denuncias.
Dentro de los grupos encargados de llevar a cabo estos delitos se encuentran bandos de delincuencia común, así como estructuras terroristas organizadas. Una muestra de ello son facciones de las disidencias de las extintas Farc, las cuales particularmente en algunas regiones del sur del país combaten este tipo de delitos, mientras que en otras zonas lo incentivan para apoyar su causa.
Durante los meses de elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo se evidenció un aumento de las denuncias de extorsión, presuntamente promovidas por intereses políticos, aunque la principal motivación de estos delitos es el dinero.
Un ejemplo de estos fue el publicado en Cambio, donde un ingeniero agrícola de Yopal (Casanare) fue citado por unos ganaderos que estaban teniendo problemas con su finca en el municipio de Orocué, por lo cual solicitaron la ayuda del profesional.
Lo particular fue cuando llegó el ingeniero no encontró la finca sino por el contrario fue recibido por cuatro sujetos que se hicieron pasar por una estructura disidente de las Farc. Los hombres le solicitaron a la familia del ingeniero 4 millones de pesos para dejarlo en libertad a lo cual accedieron; al final del día, el ingeniero se encontraba nuevamente con su familia.
Las autoridades recordaron que lo mejor que se puede realizar en estas situaciones es denunciar ante las autoridades, dado que en muchas ocasiones los familiares extorsionados prefieren guardar silencio por temor a retaliaciones de los criminales.
“Cuando el ciudadano paga, lo que hace es seguir con la cadena de extorsiones que aumenta el negocio”, mencionó el jefe de la unidad de prevención del Gaula Militar, el mayor Mauricio Medina.
En esta época las redes sociales han hecho pública una gran cantidad de información que solía ser privada, por lo que las autoridades recomiendan ser discretos para evitar así que datos precisos y de importancia caigan con facilidad en las fauces de la delincuencia organizada: “muchas veces publicamos en redes sociales información valiosa para el hampa. El delincuente puede tener en internet el nombre de su víctima, el número de cédula, la dirección, el nombre del negocio, y luego le hace creer a su víctima que sabe todo de él”, dijo el mayor Mauricio Medina.
El Gaula también confirmó que en 2022 se logró la captura de 2.504 personas a las que les fue imputado el delito de extorsión. Un dato revelador es que en la mayoría de los casos este crimen se perpetró desde los centros carcelarios. La Policía Nacional reveló que han encontrado ‘centrales telefónicas’ al interior de las cárceles, en donde los prisioneros se turnan.
Las ciudades del país donde más se presentan denuncias son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Quibdó. Según dijo el coronel del Gaula Franklin Hernández a Noticias Caracol, este fenómeno se encuentra relacionado con el potencial económico y la actividad comercial que se desarrolla.
En el código penal de Colombia se define que la extorsión es uno de los delitos considerados de alto impacto, “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”. Dicho ilícito tiene una condena entre ocho a diez años para quienes sean encontrados culpables.