Distrito ha invertido $94.000 millones de pesos para garantizarles una atención digna a los reclusos

Bogotá cuenta con un Centro Especial de Reclusión (CER), en el cual se han invertido más de $22 mil millones entre 2020 y 2022, para reducir el hacinamiento

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El Centro Especial de Reclusión,
El Centro Especial de Reclusión, que atiende a 216 personas privadas de la libertad, cuenta con un modelo de atención que facilita el acceso, oportuno y de calidad, a servicios de atención psicosocial y médica. (Secretaría de Seguridad)

En el marco de una discusión nacional alrededor de la impunidad, que se derivaría de darle libertad a ladrones y delincuentes sin el cumplimiento de su respectiva condena (y precisamente tema frente al cual la alcaldesa invitó a la ciudadanía el 24 de enero del 2023 a firmar una misiva dirigida al presidente, Gustavo Petro, y al ministerio de Justicia, para que se rechace esta decisión), este 28 de enero la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo un balance sobre las cárceles distritales, expresando que Bogotá es pionera en justicia restaurativa.

“Bogotá es pionera en su apuesta de justicia restaurativa y resocialización en el país. La cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres y el Centro Especial de Reclusión (CER) administrados por el Distrito, han sido grandes referentes de la aplicación de este modelo al interior de los centros carcelarios”, comenzó por explicar la Secretaría de Seguridad.

Este programa busca que personas que se han visto inmersas en diferentes tipos de delitos, tengan la oportunidad de resarcir su actuar delictivo. En ese sentido, la secretaría de Seguridad expresó que, por ejemplo, la Cárcel Distrital cuenta con certificación internacional de la Asociación Americana de Correccionales para la reclusión digna de esta población, que hoy suma a 1.032 internos.

De hecho, y esto lo destacó la administración distrital de Claudia López, su modelo de resocialización está enfocado en la humanización del tratamiento penitenciario ofrecido y la ejecución de programas clave para la construcción de su proyecto de vida. De ahí que estudien y puedan acceder a un título de bachiller, o formarse en el SENA en panadería, artesanías y ebanistería para la elaboración de productos que son comercializados en ferias de emprendimiento en diferentes localidades de la ciudad.

“En Bogotá le apostamos a un modelo de resocialización y justicia restaurativa efectivo. Con nuevas oportunidades para las personas privadas de la libertad e inversiones en equipamientos que garanticen condiciones dignas para estas”, afirmó este 28 de enero, en uno de sus últimos días ante el cargo, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad.

Infraestructura

En lo corrido de la administración de la alcaldesa, Claudia López, se han invertido $94.000 millones de pesos para garantizarles una atención digna a los reclusos, y el Centro Especial de Reclusión (CER), que actualmente atiende a 216 personas privadas de la libertad y en el cual el Distrito ha invertido más $22 mil millones entre 2020 y 2022, es el único de naturaleza transitoria con un modelo de atención diferenciador, enfocado en facilitar el acceso a servicios de atención psicosocial y médica, oportuna y de calidad.

Este CER tendrá en la administración de Claudia López 273 cupos adicionales para un total de 489 cupos en este centro de reclusión.

Inversión para reducir el hacinamiento

Desde el inicio de la administración actual, el Distrito amplió y mejoró las estrategias de atención para dar prioridad al problema de hacinamiento carcelario que hay en el grueso del país. En este sentido, el Palacio Liévano instauró cuatro acciones:

  1. Puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión con una inversión de más de $22 mil millones y ampliará a 489 los cupos.
  2. La Secretaría Distrital de Seguridad ha venido gestionando, con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la entrega de una parte del predio donde actualmente se ubica el Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota, para construir la nueva Cárcel Distrital que contaría con 3.000 cupos para personas privadas de la libertad. Se está a la espera de la definición de este espacio por parte del Gobierno nacional.
  3. La construcción de una URI: la Secretaría de Seguridad ya entregó a la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2022, el uso de la URI construida dentro del Centro Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa. Otras dos están en estudios.

Por último, para dar solución a largo plazo a este problema del hacinamiento, en estos momentos están impulsando dos proyectos de ley, uno con Asocapitales para reformar el Código penitenciario y carcelario y superar conflictos de responsabilidades y financiación, y otro de Alternatividad Penal con enfoque de justicia restaurativa.

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