El presidente Gustavo Petro, en su intervención en el conversatorio con jóvenes de Compromiso Valle, en Cali, habló de la reunión que sostuvo el 27 de enero con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la protesta social en Colombia. Y dijo que era un error llamar terroristas a los jóvenes de la primera línea.
La intervención del presidente comenzó recordando cómo conoció a Siolé en un momento de profunda violencia, que comparó con la que se vivió durante el estallido social de 2021. Al respecto, Petro reconoció que tuvo problemas para llegar a Cali, a Siloé, porque sabía que su presencia “en ese momento era catalogada como ‘el que hacía el estallido social’”, advirtiendo que la verdadera causa de ese estallido fue “una política completamente errónea” del gobierno de Iván Duque.
Y que la respuesta a la movilización, provocada por el mismo gobierno Duque, dijo el presidente Petro, que no propició un diálogo, sino que respondió “con un autoritarismo bárbaro, yo diría que de una manera criminal”.
”Responder como si la juventud y las gentes, en general, fueran un enemigo. Cuando un gobierno ve en el joven, en la joven popular, un enemigo, entonces desata, sobre ese joven, la furia del Estado mismo en su faceta armada, en este caso la Policía, fundamentalmente”, dijo Petro.
Entonces ponderó la actitud de algunos empresarios vallecaucanos que durante el estallido social entablaron diálogos con los manifestantes para sanar las heridas que propiciaron las mismas protestas. También dijo que espera que este ánimo de diálogo se replique en toda la sociedad colombiana,
“El ejemplo que han dado aquí los empresarios, que decidieron, por su cuenta, cerrar heridas y juntarse con quienes estaban en las barricadas, en esas circunstancias del estallido social y construir de manera común un camino es plausible, hay que aplaudirlo. Ojalá que así fuese en toda la sociedad colombiana”.
A continuación el presidente se refirió a que es un error llamar terroristas a los jóvenes de la primera línea, un error que, para el presidente, lo reiteran los medios de comunicación al replicar la narrativa de la primera línea es una organización terrorista que cala en el imaginario de los colombianos.
“Hoy aún tenemos problemas. Hoy aún en los medios de comunicación se le dice a la gente de la primera línea que son terroristas, aún esa mentalidad de considerar que un colombiano simplemente por su edad o por el barrio en que vive o porque protesta entonces es un enemigo. ¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista?”
En seguida, el jefe de Estado advirtió que la primera línea no fue más que una respuesta defensiva ante una actitud autoritaria y bárbara de un gobierno que se negó a dialogar con la ciudadanía y que los veía como un enemigo interno.
“La primera línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio o una comunidad, una juventud; para no dejarse matar. Que no debió a haber existido, pues claro que no debió haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar, como enemigos, a la gente que protestaba. Simplemente, habría que abrir el palacio y hablar y dialogar, eso era todo, pero no fue así. La respuesta fue criminal y obviamente hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía. Es que a la ciudadanía no se le debe violentar, en mi opinión”.
Sobre la reunión que sostuvo con la presidenta y representantes de la CIDH el 27 de enero en la Casa de Nariño, el presidente Petro señaló que la comisión “recordó que el Estado debe abstenerse de tipificar como crimen la protesta social, que así no es, que la construcción democrática pasa por hablar, no por destruir”. Entonces, advirtió que en el país hay más de 200 jóvenes presos por haber participado en las protestas del estallido social de 2021 y que su Gobierno ha explorado todos los mecanismos para que estos puedan recuperar su libertad.
Ante esto, el presidente señaló que le parece “una profunda equivocación” que se haya impartido “la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces, que, si liberaban a los jóvenes, cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades, una tras otra una tras otra”.
Finalmente, señaló que cree que con esto el Estado “está demostrando otra vez es que es incapaz del diálogo es incapaz de reconocer a la persona humana como un ser digno de interlocución y no de apresamiento y que se quiere vengar”, lo que calificó como una injusticia pues, según dijo, “quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres y los jóvenes están quedando presos, eso se llama injusticia”.
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