La CIDH expresa su preocupación por impunidad en investigaciones por violencia policial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la impunidad de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en Colombia, luego de las protestas y la detención arbitraria de personas a las que después no se les concede la libertad provisional.

Tras la reunión del viernes 27 de enero entre representantes de la CIDH con el presidente Gustavo Petro, que tuvo como objetivo el análisis de las manifestaciones que se dieron en el marco del paro nacional entre 2020 y 2021.

La organización presentó su informe de seguimiento a 28 de las 41 medidas recomendadas al estado colombiano luego de su visita territorio nacional en el 2021. Entre los primeros acuerdos quedó en dar inicio a un mecanismo de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de dichas recomendaciones. Según la Comisión, tres de ellas tienen un cumplimiento parcial avanzado, 14 con cumplimiento parcial y 11 aún no presentan niveles de cumplimiento.

El documento consta de 141 páginas, en los que se reconoce avances en la reforma a la Policía y en la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, destaca que, pese a la intención declarada del Gobierno nacional, estos cuerpos siguen dependiendo en la práctica del Ministerio de Defensa.

“La Comisión valora positivamente esta posición, por lo que una vez implementadas y conocidas las medidas que concreten la separación de la Policía Nacional y de su ESMAD del Ministerio de Defensa, podrá determinar un avance en el nivel de cumplimiento de esta recomendación” señaló la CIDH.

Con respecto a la ley de seguridad ciudadana, el organismo manifestó su preocupación porque puede ser utilizada para “reprimir actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana a través del poder punitivo”, de esta manera solicitaron prevenir la aplicación arbitraria de dicha figura.

Además, la CIDH expresó su inquietud porque las investigaciones por abuso policial se mantienen en un considerable escenario de impunidad.

“...considerando que la gran mayoría de casos abiertos continúan en etapas previas de indagación de los hechos. Asimismo, la CIDH nota que el Estado no ha adoptado medidas para proveer y coordinar programas de reparación integral y oportuna a las víctimas en los términos de las recomendaciones” dice el informe.

Entre los argumentos para declarar que las recomendaciones 5 y 6 presentan un cumplimiento “parcial”, la CIDH resaltó su preocupación por información recibida sobre la “persistencia” de situaciones de violencia.

En relación con las medidas que se encuentran pendientes de cumplimiento, el organismo informó nulo avance frente a la aprobación de la ley estatutaria que regule y fije los límites frente a la protesta, tal como también lo ordenó la Corte de Justicia. Así, en la recomendación relacionada con el uso de armas no letales para controlar manifestaciones.

Asimismo, hicieron un llamado al Estado para revisar la situación de las personas que fueron “detenidas arbitrariamente”, y revisar la posibilidad de enfrentar sus procesos en libertad.

Por último, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, se pronunció sobre el citado informe de la Comisión: “reconoce los hechos concretos del estallido, pero las causas estructurales y, sobretodo, este seguimiento de recomendaciones implica abordar la situación, garantizar el derecho a la protesta, el respeto a la interseccionalidad, el rechazo que se tiene que dar a la judicialización de la protesta”.

El viernes 30 de diciembre el presidente Gustavo Petro dio a conocer el listado con el nombre de 10 jóvenes que serían liberados de las cárceles de país para convertirse en voceros de paz.

La Presidencia de la República confirmó que estos jóvenes, capturados durante el Paro Nacional de 2021 son: Andrés Cabrales, Daniela Pérez, Ludier Felipe Camacho, Steven Guevara, Cristian Andrés Cuéllar, Kevin García, Daniel Fernando Ruiz, Edwin Pimentel, Andrés Felipe Yara Sánchez y Davis Esteban López Barrera.

Cinco días después del anuncio oficial fueron liberados los dos primeros integrantes de la Primera Línea de Bucaramanga. Ellos fueron David Esteban López Barrera y Andrés Cabrales, líderes estudiantiles que están en detención domiciliaria en Bucaramanga. Los dos jóvenes fueron capturados por su presunta participación en la fabricación y tenencia de sustancias químicas y explosivas utilizadas durante las manifestaciones sociales en marco del Paro Nacional.