Para rebajar las tarifas de la energía, que el año anterior aumentaron 22,40%, el presidente de la República ha tomado la decisión de no seguir delegando sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos.
El anuncio que hizo ante líderes de juntas de acción comunal de Duitama (Boyacá), según el mandatario, pretende bajar el costo de vida de los colombianos, que hoy por hoy enfrentan la inflación con el aumento de los precios en los alimentos y los servicios públicos.
La historia, como en los años 90, parece repetirse, pues si bien de cara a la opinión pública la medida puede ser bien acogida, lo cierto, es que los costos de los servicios públicos —inferiores a los que se pagan en comparación a cualquier otro país del mundo— a largo plazo, terminarían por pagarse a un precio mucho más alto.
La cuestión de las tarifas
Para entenderlo mejor, existen varios factores que hoy inciden en el costo de la factura. Por un lado, las decisiones internas y los contextos geopolíticos.
En diálogo con Infobae, Manuel Maiguashca, fundador de Cerrito Capital y exviceministro de Minas, explica que la factura que se encuentran los colombianos mes a mes consta de varios elementos.
“La generación es el 40% de eso y dentro de la generación, la mayor parte de ese porcentaje equivale a un contrato que firmó el comercializador, es decir, es un precio fijo que no depende de lo que está pasando con los embalses o con la bolsa de energía. Puede que un 20 o un 10% de la generación restante esté sujeto a los vaivenes de la bolsa. Entonces, tu factura no sube ni baja bruscamente por los temas de bolsa. Pero ¿por qué sube o baja el precio de la energía? porque los que operan los embalses tienen que pensar en lo que pase a futuro, en el mediano y corto plazo”.
Lo anterior, como bien explica, quiere decir, que en el caso de que un embalse tenga la capacidad de durar tres meses, pero avizore una hidrología baja (por sequías o un fenómeno de El Niño), tendrá que comenzar a manejar y guardar agua. Para lograrlo, la medida común es subir los precios para no despachar el embalse, poniendo su costo por encima de la energía próxima que en Colombia es el carbón.
Por otro lado, los expertos también recalcan en las implicaciones geopolíticas, que como en todos los sectores han generado impacto.
En diálogo con Infobae, Diego Gómez, director de ECSIM, una consultora experta en el sistema energético colombiano, cuenta que hay que comprender la incidencia del contexto actual.
“Hay un tema que parece que el Gobierno no asume con responsabilidad. El precio de la energía eléctrica en Colombia ha sido asociado al precio del combustible de respaldo que es el gas y el petróleo. Entonces, cuando el sistema eléctrico tiene que recurrir al respaldo del gas y el combustible líquido, el precio de la energía es altísimo. Lo que hace todo el mercado es protegerse del riesgo de ese costo y por eso elevan los precios y específicamente el cálculo del precio de escasez. El aumento del precio del petróleo y el de la de la tasa de cambio arrastra hacia arriba los precios de la energía eléctrica. Esos precios están asociados al riesgo país y a la coyuntura externa”, señala.
Un paso atrás
Tras 30 años de hacer grandes esfuerzos para entregar un servicio eléctrico de calidad a los colombianos y destacarse como un ejemplo en América Latina, Colombia parece estar condenada a repetir la misma historia que en los años 90 terminó por apagar al país por más de 12 meses con racionamientos de energía de hasta diez horas diarias. Hacerlo hoy en día y terminar racionando solo el servicio de energía en las casas de los colombianos, como bien lo señala Manuel Maiguashca, equivale al 4% de PIB.
En ese sentido, para los expertos, la decisión de Gustavo Petro de recurrir a la facultad de tomar las comisiones de regulación de los servicios públicos —contemplada en la Constitución y en la Ley 142 de 1994 o de Ley de Servicios Públicos—, es peligrosa no solo para la confiabilidad que se ha venido construyendo de cara al mercado internacional, sino también para la calidad de los servicios que reciben los colombianos y el mismo desarrollo del país.
Ante el anuncio, la misma CREG (Comisión de regulación de energía y gas), en su más reciente comunicado de prensa, pidió al Gobierno continuar con una conducta ajustada a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y de empresa, pues " los organismos reguladores deben tener una naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas imparciales, consistentes y técnicas”.
En ese orden de ideas, intervenir los precios, para algunos expertos, se traduce en dañar las dinámicas de atracción de inversión para la formación de capacidad de energía en el mediano plazo, pues como bien explica Diego Gómez, “eso puede ser absolutamente peligroso para un país, porque lo más grave que vamos a afrontar es quedarnos sin energía en el corto plazo. Ya están todas las alertas de que vamos a un apagón. Si a eso le sumamos una insuficiencia del sistema eléctrico estructural, eso sí va a ser un enorme desastre”.
A su vez, en un comunicado de prensa, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, aseguró que las empresas esperan que se honre la institucionalidad, pues partiendo del hecho de que Colombia tiene que generar anualmente 600 megavatios y que su construcción le cuesta al país entre 1.500 millones de dólares y 3.000 millones de dólares anuales, la tranquilidad jurídica debe mantenerse como un pilar.
“El Estado debe garantizar la seguridad jurídica y así mismo seguir un modelo que mantenga la suficiencia financiera de las empresas para no poner en riesgo la prestación del servicio, lo que perjudica no solo a las personas de escasos recursos sino a la gran mayoría de los colombianos”.
En tal sentido, desde el sector, tomar decisiones técnicas más no políticas es determinante, pues si bien para paliar los costos de las tarifas en la actualidad existe un sistema solidario (los hogares de mayores ingresos –estrato 5 y 6– pagan una sobretasa de la tarifa eléctrica para subsidiar el acceso a energía eléctrica de los hogares de menores ingresos –estratos 1, 2 y 3–), una reducción arbitraria de las tarifas podría terminar afectando al sistema y al final, a quienes se pretende beneficiar, las personas de menores recursos.