En 2022 murieron 308 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas

La Defensoría del Pueblo emitió un desgarrador informe sobre desnutrición infantil, que dio cuenta de cómo, en lo corrido de 2022, murieron 308 niños menores de cinco años de edad o por desnutrición o por alguna enfermedad asociada a este padecimiento. Esto, además, representó un incremento de 111 casos con relación a la cifra consolidada del 2021.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que otros 21.483 casos de niños en Colombia, también en lo corrido del 2022, padecieron desnutrición aguda.

Así lo informó el defensor del Pueblo el 27 de enero, Carlos Camargo, quien advirtió que “esta crisis exige un mayor compromiso de toda la institucionalidad del Estado para atender a los niños que sufren este trastorno alimenticio, pero también a redoblar esfuerzos en materia de prevención”, dijo.

Ahora, de acuerdo con el último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), La Guajira es el departamento con el mayor número de muertes notificadas con 85 casos, seguido por el Chocó con 35 casos. A los dos primeros puestos les siguieron los departamentos del Cesar con 25, Bolívar 24, Magdalena 23, Valle del Cauca 17, Antioquia 10, Atlántico 10, Meta 10 y Vichada 9.

Resulta todavía más preocupante que, en relación con 2021, en todos los departamentos del país aumentaron los casos. Por ejemplo, La Guajira había registrado 41 niños menores de cinco años de edad muertos en 2021; en Magdalena fueron 19 hace ya dos años; en Chocó hubo 17 fallecimientos por esta causa en 2021; en Cesar fueron 12; en Bolívar 9; en Antioquia 8; en Atlántico 8; en Norte de Santander 7; en el Meta 6 y en Nariño otros 6.

Si bien es cierto que estas son cifras alarmantes, de acuerdo con el defensor del Pueblo las que acaban de ser presentadas provienen de los reportes que llegan a las entidades oficiales, pero el trabajo de los equipos de la Defensoría en el territorio advierten situaciones más graves, “con un alto subregistro de muertes por desnutrición en territorios tan alejados como en el departamento del Vichada”, enfatizó el funcionario.

Justamente, Vichada es el segundo departamento con las tasas de mortalidad por desnutrición más altas por cada 100.000 menores de cinco años. En primer lugar, sigue estando La Guajira con 76 casos, Vichada (65), Amazonas (63), Chocó (60), Cesar (19), Magdalena (17), Guainía (15), Arauca (13), Bolívar (12) y Meta (11).

Existen factores que inciden directamente en la desnutrición: la disponibilidad de alimentos, el consumo, el acceso y el saneamiento básico, condiciones que deben garantizarse en su totalidad para frenar la desnutrición en la infancia y generar escenarios plenos de garantía de derechos humanos.

El defensor del Pueblo también hizo especial énfasis frente a un hallazgo que indica que la mayor cantidad de casos de desnutrición aguda, en niños menores de cinco años, se han reportado en Bogotá.

“La desnutrición no solo es un tema que debemos atender en territorios alejados, sino que en la misma capital del país hay que movilizar a todas las entidades para prevenir esta difícil afectación en contra de la primera infancia”, afirmó Carlos Camargo.

De los 21.483 casos de desnutrición aguda reportados al 31 de diciembre de 2022, por el INS, en Bogotá se registraron 4.089 casos, es decir, el 19,0%. En segundo lugar está el departamento de La Guajira con 1.954 casos y en tercer lugar Antioquia con 1.951 casos.

Por último, la Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Salud el llamado a seguir trabajando en el seguimiento, identificación, manejo y atención integral de casos de desnutrición en la primera infancia, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2350 de 2020, por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero a 59 meses de edad.

“También hacemos un llamado al Gobierno nacional, a las gobernaciones y alcaldías para asegurar y proveer el disfrute pleno de los alimentos adecuados en su territorio, esto implica que se debe garantizar el acceso físico y económico a los alimentos en cantidad y calidad adecuados, para llevar una vida saludable y garantizar así los derechos de la primera infancia”, concluyó Carlos Camargo.