Eduardo Pulgar pagará su condena en casa por cárcel por sobornar a un juez

El controvertido excongresista del Partido de La U obtuvo el beneficio y desde su hogar deberá responder a la condena impuesta por la Corte Suprema

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Eduardo Pulgar, exsenador investigado por
Eduardo Pulgar, exsenador investigado por supuesto soborno a un juez de la República, recibió prisión domiciliaria. (Colprensa-Alvaro Tavera)

En las últimas horas, el condenado exsenador Eduardo Pulgar obtuvo una nueva victoria judicial, luego de que las autoridades colombianas le dieron el beneficio de casa por cárcel. Así lo reveló, recientemente, su equipo de abogados, de la firma Escorcia y Asociados mediante un comunicado.

El texto fue dado a conocer por María Paula Escorcia, que no solo dirige a la citada firma de abogados, sino que también es la apoderada judicial del excongresista del Partido de La U, quien anunció que la excarcelación intramural del sujeto cumplió con todos los parámetros de ley.

“En cumplimiento de los tratados internacionales, la Constitución y la ley, se le concedió a mi representado la prisión domiciliaria y, en virtud de ello, continuará cumpliendo con la pena impuesta”, informó la jurista en el comunicado.
Eduardo Pulgar, condenado por soborno,
Eduardo Pulgar, condenado por soborno, recibirá prisión domiciliaria, anunciaron sus abogados.

Así mismo, la togada dio a conocer que Pulgar continuará con su “proceso de resocialización” en su casa y junto a su familia. Sin embargo, será custodiado, en su lugar de residencia, por los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En otros apartes de la comunicación, Escorcia destacó que su cliente, el corrupto senador que enfrenta varios cargos en su contra, seguirá ayudando con la justicia colombiana y seguirá “atendiendo a los llamados y requerimientos de las autoridades”.

Inpec custodiará a Pulgar en
Inpec custodiará a Pulgar en su casa por cárcel

De igual manera, aseguró que la firma que defiende a Pulgar se siente llena de “satisfacción” por permitirle al exlegislador llegar a su casa para reunirse con su familia y así seguir cumpliendo la pena carcelaria por sus delitos.

Sobre el caso de Pulgar

Pulgar es acusado de sobornar con 200 millones de pesos al juez Andrés Fernando Rodríguez Cáez para que fallara a favor de un caso en el que el excongresista tenía cierto interés. En un fallo del Consejo de Estado, que le quitó su investidura política, y que tuvo como ponencia la del consejero Carmelo Perdomo, explica que Pulgar alardeaba de su cargo como senador de la República para influenciar la decisión del jurista antes mencionado en el municipio de Usiacurí, Atlántico.

En 2022, el exsenador aceptó los cargos que le fueron sindicados, por lo que redujo su pena de 106 meses a cuatro años y 10 meses. Además, aunque la Corte Suprema de Justicia lo había inhabilitó por 63 meses y 19 días para ejercer cargos públicos en el país, un fallo del Consejo de Estado le declaró muerte política, lo que quiere decir que queda inhabilitado de por vida para ejercer política en Colombia.

A la izq. Andrés Rodríguez
A la izq. Andrés Rodríguez Cáez, exjuez del municipio de Usiacurí, Atlántico. A la der. exsenador condenado, Eduardo Pulgar.
“Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias, y que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”, señaló el fallo del alto tribunal.

Estos fallos se suman a lo que había ordenado la Procuraduría General de la Nación, que inhabilitó por 12 años al exsenador del Partido de la U; esto, en primera instancia, hacía que Pulgar no pudiera asumir cargos públicos en ese periodo de tiempo. La decisión se tomó después de que finalizara el juicio disciplinario en su contra en marzo del 2022.

“El entonces senador Pulgar Daza, por medio del alcalde de Usuacurí, Ronald Padilla, logró que el juez Rodríguez Cáez aceptara reunirse con él en su lugar de residencia en Barranquilla”, explicó el Ministerio Público durante la audiencia. En dicha reunión, el excongresista expuso el conflicto que hay entre los herederos de la fundación Acosta Bendeck y le “solicitó ayuda con dicho tema, lo que denominó sería ‘un negocio’”, agregó el Ministerio Público.
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