A la oleada de comentarios por la decisión del presidente Gustavo Petro de tomar sus facultades constitucionales para regular los precios de energía en el país, se unió el comité de expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que, mediante un comunicado, le hizo varios llamados de atención al mandatario.
En el texto, el Creg exhortó a Petro a que mantenga, como se ha venido desde hace décadas en el país, la independencia de los organismos que regulan las tarifas de energía. Esto, para garantizar que la toma de decisiones sea adecuada y se propenda por la naturalidad en los servicios.
“Deben tener una naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas. Esto permite que los agentes regulados, así como el público en general, perciban objetividad, neutralidad y transparencia por parte del Estado”, explicó el comité, a su vez que exhortaron porque se propenda por la libertad económica en caso de que el Gobierno tome control de esos temas.
“La independencia del regulador asegura que, a través del ejercicio de sus funciones, el Estado logre que los agentes regulados adapten su conducta a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y la empresa”, reclamaron.
Así mismo, aseguraron que respeta lo que contempla la carta magna colombiana y que, además, cumplen con lo estipulado en “las leyes y la institucionalidad del país, por lo tanto, siempre se ha acatado el orden institucional del que hace parte dentro del sector energético y ejerce las funciones que le han sido asignadas”, agregaron.
A su vez que dijeron que se hace importante entender, entonces, que la regulación de lo que se les cobra a los colombianos por la prestación de servicios públicos cuentan con el respaldo institucional, de las entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría e, incluso, del mismo Poder Ejecutivo, que hoy dirige el presidente Gustavo Petro.
“El Gobierno nacional participa de la Comisión toda vez que se encuentra presidida por el Ministerio de Minas y Energía y tienen asiento el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, afirmó el director de la comisión José Fernando Prada, quien recordó el artículo de la Constitución con el que el jefe de Estado dijo que tomaría el control de cómo se nivelarán los servicios de energía eléctrica.
“La ley 142 de 1994, en su artículo 69, creó las comisiones de regulación como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio”, aseguró el directivo.
Además, dieron a entender que no ven necesaria la presencia del presidente de la República en esos temas debido a que el Ministerio de Minas y Energías tiene una unidad administrativa dentro de la Creg, que ayuda con la toma de esas decisiones. Esto, regulado bajo la misma ley mencionada.
“Capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia; igualmente, establecer el reglamento de operación para realizar la planeación y coordinación de la operación del sistema interconectado nacional, entre otros”, aseguraron los miembros del comité, quienes aseguraron que la legislatura vigente les daba la potestad de definir la metodología con el que se definirán los precios de las facturas de energía, así como las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente.
La dura respuesta de la Creg se da porque Petro afirmó, desde Duitama, Boyacá, que “el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración, de control y de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz”, afirmó el jefe de Estado.