El viernes 27 de enero se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), convocó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a una audiencia pública de seguimiento y verificación de las medidas cautelares de protección a los comparecientes de la justicia de paz. La citación se cumplirá el 28 de febrero.
En concreto la JEP quiere conocer el plan de acción del Gobierno nacional sobre el desmantelamiento efectivo de las organizaciones armadas ilegales, la prevención y protección en seguridad de los comparecientes, su implementación y el desarrollo de las medidas de reparación, las garantías de no repetición y la construcción de la paz.
En la audiencia de febrero, Danilo Rueda deberá presentar, ante la justicia de paz, el plan de acción y la política pública que apunten al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que se han incrementado en los últimos meses en distintos territorios del país.
A través del auto 028-2023 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP recalcó que la decisión se tomó luego de que el 16 de enero de 2023 se venciera el plazo otorgado a Rueda para presentar dicho plan, que debe incluir una estrategia para que se reduzca la violencia y amenazas contra los excombatientes de las extintas Farc.
Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las Farc desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (Farc).
En otra de sus conclusiones, la JEP determinó la urgencia de tener esta política pública, para enfrentar el aumento y la expansión de las violencias por parte de nuevos grupos armados entre 2021 y 2022.
Además, la JEP le insistió al Gobierno nacional desmantelar a las organizaciones armadas del país por medio de una política pública que traiga justicia a las víctimas.
“Esa política constituye un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos a las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición”, se lee en la decisión de la Justicia de paz.
Por último, se conoció que a la audiencia también están citados una representante permanente por de la plataforma de mujeres, un representante de los grupos étnicos, un delegado para las plataformas de derechos humanos y una procuradora delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de Paz.
La audiencia de seguimiento y verificación tendrá lugar el martes 28 de febrero entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m. en las instalaciones de la JEP en Bogotá.
Antes de ser alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda fue coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), organización conformada por iglesias que expone casos de violaciones a derechos humanos en Colombia. Además, ha desarrollado estrategias de protección y acompañamiento físico para las comunidades afectadas por estos casos en el país.
Para la JEP, la política de paz total que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro exige desarrollar nuevas estrategias para la comprensión global del fenómeno de la violencia en el país y su consiguiente erradicación territorial.
En su primer llamado, de octubre de 2022, la JEP la pidió al Gobierno nacional: “Frenar la impunidad, lograr justicia y garantizar la no repetición e impedir la emergencia de otras formas armadas de violencia que continúen afectando la población civil y, por consiguiente, desarrollar la cultura de prevención y no estigmatización, y trabajar porque se cumplan las garantías de no repetición”.
Además, le solicitó al comisionado Danilo Rueda, que realice reuniones mensuales para delimitar las medidas que se deben tomar para la protección de la vida de los exfarc.