ONU apoyó la transformación en política de drogas propuesta por Gustavo Petro

Tras la visita del alto comisionado de la ONU, Volker Turker, a Colombia, las Naciones Unidas vieron con buenos ojos el cambio de enfoque de la lucha contra las drogas en el país

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU; sin embargo, sus palabras fueron criticadas por políticos de la oposición. Foto: Infobae
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU; sin embargo, sus palabras fueron criticadas por políticos de la oposición. Foto: Infobae

El alto comisionado de la ONU, Volker Turker, visitó Colombia y se reunió con el presidente Gustavo Petro para analizar la situación actual del país y sus mayores retos.

En cuanto al tema de la violencia, sobre todo en las zonas rurales, el país “se rajó”. Décadas de conflicto armado y violencia han generado desigualdades profundas en el entramado social colombiano.

Un fenómeno acrecentado por la baja o nula presencia del Estado en algunas zonas, y la inacción de los organismos estatales en otras, generando el desplazamiento en masa a causa de la violencia, asesinatos de civiles y líderes sociales y la violación sistemática de derechos de poblaciones vulnerables.

“El índice de violencia que comentan las comunidades es difícil de imaginar. El desplazamiento, el confinamiento, la violencia basada en género, las masacres son parte de su experiencia diaria. Debemos darles apoyo para terminar esta situación”, dijo el comisionado Turker.

Turker reveló que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, tan solo en 2022, encontró que cerca de 102 mil personas tuvieron restricciones de movilidad en su territorio a raíz de la violencia ejercida por grupos armados y bandas delincuenciales, en contraste con el número de desplazados que fue de más de 82 mil personas, de acuerdo con las cifras recolectadas.

Varias de ellas se vieron obligadas a dejar su territorio bajo amenazas de organizaciones criminales, cuya forma de sustento se limita a actividades como el narcotráfico, el cobro de vacunas y la extorsión, delitos que mantienen una conexión profunda con el apropiamiento de tierras, en algunos casos de grandes ganaderos o agricultores, pero en otros, de personas que obtienen ingresos gracias a la producción en pequeñas parcelas.

Pero no todo está perdido, al menos no con en el nuevo enfoque que busca darle el Gobierno nacional a la lucha contra las drogas. y que recibió el aval de Turker.

“Este enfoque podría ser instrumental para proteger los derechos de los agricultores, los pueblos indígenas y los afrocolombianos. El enfoque de salud pública también puede ayudar a la gente y a los que consumen droga fuera de Colombia y localmente. Mi oficina está dispuesta a que el Gobierno tenga ese proceso de fortalecer sus derechos humanos para luchar contra el narcotráfico”, comentó Turker tras mantener una conversación extensa con Petro.

Ya en el pasado, los miembros de la Comisión Global sobre Política de Drogas señalaron que la lucha contra las drogas, sobre todo en Colombia —el mayor productor de hoja de coca en el mundo— necesita de un vuelco. Declaraciones que se dieron a conocer tan solo días después del primer discurso del mandatario en la Asamblea General de la ONU, en donde le reclamó a los demás miembros que dejaran de culpar a los eslabones más débiles de la cadena del consumo de sustancias: “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, dijo.

Hasta el gobierno de Iván Duque, la política de la lucha contra las drogas se ajustaba a la lucha contra el narcotráfico. Ambas, encaminadas bajo el mismo sentido, parecían conformar una sola estrategia que respondía a los interese de las naciones más desarrolladas que pelean contra el consumo y el tráfico, pero no contra la producción de estupefacientes.

Así que, antes de dejar el país, Turker resaltó el viro de la nación frente al tema de las drogas y, aprovechó para aplaudir también el esfuerzo continuo de las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación nacional (ELN) para dejar atrás décadas de conflicto y retomar el segundo ciclo de diálogos en México, el 13 de febrero, después de una exitosa reunión de emergencia que duró cinco días y que, a su terminó, cerró la crisis generada por el anuncio de un cese al fuego, que no había sido pactado.

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