En la mañana del miércoles 25 de enero, el fiscal general Francisco Barbosa cuestionó el cese al fuego bilateral que sostiene el Gobierno nacional con diferentes grupos armados ilegales. Desde Estados Unidos, la cabeza del ente de control fiscal dijo que era como acordar una pausa de hostilidades “con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”.
Luego de esa tajante crítica, el Gobierno nacional defendió la medida que actualmente cumple con cinco estructuras ilegales. Alfonso Prada, ministro del Interior, emitió otro enérgico pronunciamiento en el cual defendió lo estipulado en la Ley 2272, por medio de la cual se determina que la Paz Total es una política de Estado y se crea el servicio social para la paz, entre otras disposiciones.
Incluso, hizo un llamado para no satanizar estos acercamientos que hacen parte de la Paz Total planteada en primera instancia por el presidente Gustavo Petro. “En la medida que lo satanicenos, lo único que generamos es que se mantengan abiertas las estructuras criminales y con ello genere más violencia en Colombia, como se ha generado hasta ahora”, enfatizó Prada.
En ese sentido, sostuvo que es justamente el cese al fuego bilateral el que impide que se siga recrudeciendo la violencia contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como las constantes disputas territoriales por el control del narcotráfico y los cultivos ilícitos.
“¿De dónde creen que vienen las muertes de los líderes y las lideres sociales, de dónde creen que vienen los combates entre organizaciones ilegales por corredores del narcotráfico? Por eso, vamos a ir hasta el fondo para tener la posibilidad de desmantelar las organizaciones que hoy están generando un baño de sangre para los colombianos”, anunció el jefe de la cartera de Interior.
Vale mencionar que, actualmente, el Gobierno Petro tiene vigente el cese bilateral con cuatro estructuras ilegales: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo—; el Estado Mayor Central de las Farc, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —Los Pachenca— y la Segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez. Sin embargo, esta medida no ha cesado que entre estas estructuras se enfrenten entre sí; de hecho, en los últimos días se han registrado fuertes combates entre el ELN y el Clan del Golfo en zonas como Arauca.
Por otra parte, Alfonso Prada afirmó en su intervención que el Ejecutivo sigue en defensa de la designación de jóvenes detenidos en protestas ―incluyendo integrantes de la primera línea— como voceros de paz.
Sobre esto, el portavoz del Gobierno precisó que “el presidente solicita la suspensión de las de las medidas que hay alrededor de ellos para que se puedan vincular a los programas de vocería de paz y los jueces de la República toman la última decisión”. De paso, dijo que se han generado varios tipos de interpretaciones, pero que ante tal escenario el equipo jurídico que hace parte del Comité Interadministrativo y la misma cartera del Interior “estamos revisando a ver si hay necesidad de hacer mayor claridad para que estas medidas sean más eficaces judicialmente”.
Vale mencionar que el fiscal Barbosa también cuestionó la normatividad creada para estipular el cese de hostilidades con esos cuatro grupos ilegales. ”Esos decretos tienen que ser revisados desde el punto de vista de lo que implica para la operatividad del país. El artículo segundo de esos decretos plantea que se cesan operaciones policivas y militares”, afirmó el fiscal Barbosa, quien además cuestionó las operaciones contra los cultivos ilícitos en el gobierno Petro.
También habló de las órdenes de extradición que cursan contra varios delincuentes que aún se encuentran en Colombia.