Modificar el Metro de Bogotá beneficiaría al consorcio constructor, alertan congresistas

El presidente Gustavo Petro abrió de nuevo un espacio en su agenda para reunirse con la alcaldesa Claudia López, luego de cancelar la primera reunión para asistir a la Celac. El encuentro es clave porque en él se debería definir el futuro de la primera línea del Metro de Bogotá, si se mantiene su diseño elevado o se hace un tramo subterráneo como aspira el mandatario. Además del tiempo y la plata para la obra, deberán analizar la viabilidad jurídica y un posible conflicto de interés.

El consorcio APCA Transmimetro presentó cinco posibilidades que extienden el tiempo y la presupuesto de la obra hasta en 6 años y 17 billones de pesos. El informe se entregó en respuesta a la solicitud del presidente de la República para evaluar la posibilidad de hacer un tramo subterráneo, especialmente el que cubre la avenida Caracas.

Para la Comisión Accidental de Seguimiento a las Obras del Metro de Bogotá, esa solicitud ya implica una inhabilidad para modificar el proyecto. Tras una reunión, congresistas principalmente de oposición al Gobierno y dos concejales, señalaron que el consorcio podría incurrir en un conflicto de interés para construir la obra si se modifica el proyecto bajo el estudio que entregaron.

En la reunión estuvieron los concejales Samuel Arrieta (Cambio Radical) y Lucía Bastidas (Alianza Verde), junto con los congresistas del Centro Democrático Miguel Uribe, Andrés Forero y José Jaime Uscátegui; de Cambio Radical David Luna y Carolina Arbeláez y del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda.

Tras la discusión que citaron de urgencia, concluyeron que el consorcio constructor se encuentra en un posible conflicto de intereses para presentar propuestas de modificación al proyecto que implicarían cambiar el objeto contractual. De ser así, tendría que declararse impedido y no podría construir el nuevo diseño.

El consorcio APCA Transmimetro, según los congresistas y concejales, es un sujeto disciplinable, es decir que está sometido al régimen de inhabilidades, impedimentos, conflictos de intereses, porque administra recursos públicos de un contrato estatal, que fue firmado por alrededor de 16 billones de pesos.

La norma establece que “el particular disciplinable conforme a lo previsto en este código deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación”. Además, los pronunciamientos del Consejo de Estado, según los miembros de la comisión, promueven que las decisiones se tomen de manera imparcial para impedir que prevalezca el interés privado sobre el bien común.

“En el caso en concreto, si la modificación del cambio de estructura constructiva del Metro genera al contratista mayores utilidades frente al modelo de negocios actual y consecuentemente se le produce un beneficio especial, particular y concreto en favor suyo, su concepto se vería afectado por el rompimiento de la imparcialidad e independencia para atender su propia conveniencia o beneficio personal, es decir, garantizar la mayor utilidad por el cambio de estructura constructiva y un modelo de negocio diferente”, concluyó la comisión en el documento.

Señalan que de ser así, “se degeneraría fácilmente en una falta relacionada con la moralidad pública” del artículo 62 de la Ley 1952 de 2019. “Respecto de los diseños se debe garantizar la objetividad en la elaboración, revisión y modificación de estos, es decir que, no se pueden variar los diseños de acuerdo con los intereses del contratista y debido a ello siempre esta actividad se ejecuta en coordinación con la interventoría y la Entidad”, agregaron.

Desde la comisión de seguimiento recomiendan que se revisen minuciosamente las cláusulas del contrato para la etapa de diseños. El documento fue entregado al director del consorcio Metro Línea 1 S.A.S. Wu Yu y al gerente de la Empresa Metro, Leónidas Narváez.

La nueva fecha de la cita del presidente Petro con la alcaldesa López fue programada para tarde del 25 de enero. Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto al informe que entregó el consorcio chino, mientras en el concejo de Bogotá ya piden claridades respecto al futuro del proyecto.

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