Fiscalía imputó cargos a Luis Monsalvo Gnecco, gobernador suspendido del Cesar por corrupción

El martes 24 de enero, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el gobernador suspendido del Cesar por corrupción. De acuerdo con el ente investigador, al exfuncionario se le acusa por posibles irregularidades de contratación durante la emergencia por la pandemia del covid-19.

La imputación la presentó un fiscal delegado por parte de la Corte Suprema de Justicia ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en función de control de garantías. Según la Fiscalía, las indagaciones apuntaron a que el exgobernador es el “presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de varios contratos destinados a atender a la población afectada por la emergencia económica y social decretada en ocasión del covid-19″.

Teniendo en cuenta todo el material probatorio, la entidad afirmó que, “queda claro que el señor Monsalvo Gnecco, presuntamente, se apartó de sus funciones como ordenador del gasto y no vigiló la correcta administración de los recursos públicos”. Esas acciones habrían puesto en riesgo el patrimonio del departamento a su cargo.

El exfuncionario fue imputado por los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El organismo de control fiscal también recordó que esta no es la primera imputación que se le realiza a Monsalve Gnecco, sino que es la tercera por posibles hechos de corrupción.

Cabe recordar que una de las investigaciones en su contra tiene que ver con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En agosto de 2022, el entonces mandatario fue suspendido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tras haber direccionado irregularmente un contrato de este programa que tenía el objetivo de velar por un aporte nutricional balanceado de los alumnos de instituciones oficiales. Esto generó un sobrecosto de 2.983 millones de pesos.

La investigación se remonta a marzo de 2020, cuando el Gobierno nacional decretó una emergencia por la pandemia y el país entero sufrió el confinamiento por el covid-19. En Cesar, “el entonces mandatario delegó a la secretaria departamental para que suscribiera 23 contratos para la adquisición de 73.500 kits de mercados”. Eso costó a más de 9.000 millones de pesos.

Según un comunicado de la Fiscalía, “la contratación se realizó de manera directa”, desconociendo varias disposiciones legales y advertencias realizadas por organismos de control. En el acuerdo se debía “garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y economía en los procesos contractuales”.

Teniendo en cuenta esos parámetros, el ente acusador encontró posibles anomalías en los estudios de mercado, “pues carecían de referentes claros y rigor técnico”. La Fiscalía también señaló que el valor del kit de mercado ―que era de 126.600 pesos— se habría fijado caprichosamente, “sin tener en cuenta que los contratos siempre tenían condiciones distintas” como el precio del transporte o la cantidad de productos.

Por otro lado, el ente imputador manifestó que “quedó en evidencia que las grandes superficies, al parecer, fueron excluidas de la contratación sin justificación alguna”. Asimismo, se habría permitido la selección de empresas o sociedad que no eran idóneas para el proceso.

El material probatorio recolectado consta, a su vez, de cotizaciones fraudulentas. Para la Fiscalía, hubo una “indebida determinación de los precios unitarios de los kits de mercado” y en algunos casos hubo costos “irrisorios o artificiales”. Además, identificaron posibles sobrecostos en al menos siete contratos, “con el único propósito de ajustar los valores individuales a 126.000 pesos”.

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