A la Procuraduría no le satisfizo la explicación entregada por Colombia Compra Eficiente el martes 24 de enero sobre los contratos sostenidos entre el Estado y la influenciadora Laura Daniela Beltrán —conocida en las redes sociales como Lalis—, creados para alimentar la estrategia digital de esa agencia de contratación. Por ello, el Ministerio Público anunció una indagación previa sobre las condiciones de estos acuerdos.
El escándalo comenzó por una denuncia del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, y el abogado e influenciador de derechas, Daniel Briceño. La información que divulgaron —y que está disponible para cualquiera en la plataforma Secop II— señaló que a Lalis le concedieron un contrato de once meses con un presupuesto de $51.596.774, y otro más con el mismo objeto con un valor de $10.645.161.
Los denunciantes dijeron que el único objeto contractual de la influenciadora era “convocar reuniones”. En su respuesta, horas después, Lalis aseguró que tenía ocho funciones. Como asesora de comunicaciones, dijo ser la encargada de generar una estrategia para el manejo de los contenidos digitales de la entidad, pero no realizar los videos.
“Yo trabajo allá ganándome la plata, yo no soy una corbata, yo voy a trabajar. De hecho, parte de subir contenido a mis propias plataformas es porque yo camello mucho y no me da el tiempo”, aseguró.
Colombia Compra Eficiente también respondió. Según la entidad estatal, el objeto de contratación de Lalis es “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”.
Entre las funciones que desempeñó entre noviembre y diciembre, dijo la agencia, estuvo un diseño de la narrativa de redes sociales de Colombia Compra Eficiente, incluida la apertura de una cuenta oficial en la plataforma de videos TikTok. Además, advirtieron que las publicaciones en las redes personales de Lalis son independientes de su función en la entidad.
Pese a las explicaciones ofrecidas Lalis y la agencia, la Procuraduría aseguró que revisará el contenido del contrato para revisar irregularidades en su adjudicación y ejecución. De ser así, individualizará a los responsables.
Para llevar esta investigación a cabo, la agencia deberá entregar respuestas a diez preguntas en el proceso de contratación. Por ejemplo, se deberá entregar los certificados de los servidores que administran la plataforma de contratación estatal. Además, pidieron una copia de los documentos que Lalis entregó para presentar su candidatura como contratista y los informes de ejecución de los contratos presentados por ella y aprobados por su supervisor —obligatorios para recibir su salario—.
“Certificación laboral de los servidores públicos que suscribieron los estudios y documentos previos elaborados para la suscripción de los contratos de prestación de servicios profesionales No. CCE-289-4H-2022 y CCE-041-2023, en la cual se acredite dirección de residencia, correo electrónico, salarios devengados o funciones del cargo”, dice el documento conocido por la emisora RCN Radio.
La agencia tendrá diez días para entregar todos los documentos solicitados. Después de eso, el Ministerio Público los revisará y decidirá si hubo alguna irregularidad desde el proceso de adjudicación hasta el momento de las denuncias.
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