Por quinta vez empezó a circular un panfleto con amenazas dentro del círculo de manifestantes que han protestado en contra del proyecto minero en el Carmen de Chucurí. De acuerdo con lo que reportó la vocería del movimiento, ya son 21 las personas que han manifestado haber sido hostigadas como consecuencia de su lucha ambiental en la ruta del Magdalena en Santander.
“En paro se hizo intermitente. Algunas personas salimos del territorio por amenazas a modo de panfletos que llegaron nuestras vías de comunicación. Dicen ser de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia Unidas de Colombia y las Águilas Negras”, comentó la líderesa ambiental, María Isabel Rey, coordinadora de la Resistencia de la Minería y Extractivismo en Santander, en testimonios expuestos por RCN Radio.
Es de destacar que las manifestaciones han generado cierres en el cruce del Oponcito, La Lizama y Campo 23. En total, son 15 días los que se han utilizado para protestar en contra de ese proyecto que, según líderes ambientales, trae más situaciones negativas que positivas para la comunidad y su hábitat. En aquella zona, para evitar generar mayores caos, se han creado corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias y estudiantes. Esto ocurre en lapsos de cada dos horas.
En la mañana del 24 de enero, medios locales como la Vanguardia han reportado, a pesar de las amenazas, la continuación del paro. Los manifestantes, destaca ese portal informativo, permitieron el paso de conductores hasta las siete de la mañana. Lo que espera la comunidad, para el momento, es que este martes se logre ejecutar al reunión que quedó pactada con Invías y la Alcaldía. Este encuentro le permitiría a la comunidad manifestar sus inconformidades con el proyecto.
Lo que exigen los manifestantes es que se revoque la licencia ambiental otorgada a la empresa Colcco S.A. para un proyecto minero entre El Carmen y San Vicente del Chucurí. Aquel permiso fue otorgado el 22 de agosto de 2022. “Esta licencia afecta ecosistemas estratégicos que las comunidades campesinas que lo habitan han cuidado y protegido, pues son territorios aptos para la producción de alimentos, ricos en agua y biodiversidad”, se lee en una de los documentos redactados en contra de ello.
“A la empresa COLCCO, llamamos a que desista del interés de crear daño irreparable a la población, al ambiente y a la región de los municipios del Carmen y San Vicente de Chucuri y, acepte la revocatoria de esta autorización que se le ha entregado en razón al respeto del interés general y la moral pública”, señalaron los congresistas Robert Daza, Jairo Cala, Cristian Avendaño, Fabián Díaz, Sandra Jaimes, Eduard Sarmiento, Gloria Flórez, Leila Rincón, entre otros.
“Hemos decidido ubicarnos en la Lizama, donde está la intersección hasta la costa, el interior del país y el municipio de Barrancabermeja, para protestar y dar conocer la problemática que tenemos los municipios de San Vicente de Chucurí y San Vicente por un proyecto minero que se quiere implementar con la multinacional Colcco”, dijo Luis Miguel Corena, integrante de la mesa de participación y concertación socio ambiental del Magdalena Medio y la corporación Yariguies, en testimonios recopilados por el diario local Vanguardia.
La solicitud de este permiso venía gestionándose desde 2012, sin embargo, fue detenido en 2017 luego de la masiva inconformidad que manifestó tener la población. Hacia noviembre de 2022 se informó que la Corporación Autónoma Regional de Santander había refrendado los permisos.
“El trabajo que hacemos dentro de nuestra función es analizar la entrega de estudios ambientales y los procedimientos que aplican al sector minero. En este caso, Colcco presentó un contrato que entró en revisión en 2012 y allí se analizó si se les otorgaba la licencia ambiental”, señaló Alexcevith Acosta, director de la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander), en su momento, acerca de la determinación.
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