Corte Suprema abrió investigación contra el representante a la Cámara del partido de la U Wilmer Carrillo

El lunes 23 de enero la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia —CSJ— abrió una investigación formal contra Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, representante a la Cámara por el Partido de la U en Norte de Santander.

De acuerdo con el alto tribunal, el congresista debe responder por los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público. Concretamente, las irregularidades las habría cometido sobre negocios jurídicos relacionados con el hospital regional de Abrego —Norte de Santander— entre 2016 y 2017.

En medio de las pesquisas, la Corte Suprema quiere determinar si el parlamentario le exigía a los contratistas el pago de un porcentaje de los contratos para que estos les fueran adjudicados a través de la gerente del centro asistencial.

Esta no es la primera vez que el expresidente de las comisiones Tercera y Sexta de la Cámara está involucrado en líos legales. También la Sala de Instrucción del alto tribunal lo acusó por varias anomalías detectadas en un contrato suscrito en 2010 cuando fungía como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.

El expediente detalló que en el proceso de contratación se había actuado con una “clara improvisación”, recibiendo incluso obras distintas a las estipuladas en los contratos firmados. Uno de ellos mencionaba que el objetivo era mejorar el corredor vial que comunica a los municipios Salazar y Arboledas.

William Villamizar Lagudo, gobernador del departamento en ese entonces, le encomendó al ahora representante a la Cámara ese tema contractual. En ese sentido, la Corte afirmó que el otrora secretario de Infraestructura dirigió la fase previa de esa contratación.

Dicho contrato se había firmado en 2.650 millones de pesos y una parte de este fue financiado por el Instituto Nacional de Vías —Invías—. Esto generó que la Contraloría General de la Nación pusiera lupa en esta obra, detectando varias anomalías que derivaron en la investigación de la Corte Suprema.

En días pasados, este tribunal condenó al excongresista Roberto José Herrera por actos de corrupción en Bolívar y Magdalena a una pena de ocho años y 10 meses de prisión.

La sentencia fue emitida contra el antiguo congresista por los delitos tráfico de influencias, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de servidor público. Anteriormente, este ya había aceptado su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada el 28 de septiembre de 2022. También tendrá que pagar una multa equivalente a 5000 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura.

Sumado a eso, deberá pagar otra sanción a los municipios Guamal, El Piñón, Pivijay, Guamal, Santa Bárbara, Salamina y Cerro de San Antonio. Esta será de 9000 millones por los daños y perjuicios ocasionados al hacer parte de la red de corrupción.

Según expresó la Corte en su pronunciamiento, “el exrepresentante fue condenado en primera instancia por dirigir una organización criminal y concertarse con contratistas de esos municipios, a partir del primer semestre de 2012 y hasta el segundo semestre de 2016″. Con esas irregularidades, Herrera Díaz, obtuvo recursos de entidades descentralizadas para financiar obras públicas, las cuales fueron ejecutadas mediante convenios interadministrativos.

Las pesquisas hechas por la CSJ también determinaron que le entregó recursos a empresas privadas que fueron, coincidencialmente, los únicos oferentes en los procesos licitatorios suscritos en Magdalena y Bolívar en los años mencionados por este tribunal.

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