En la mañana del 23 de enero, senadora María José Pizarro, el presidente del Senado, Roy Barreras; y el presidente de la Cámara, David Racero, presentaron el protocolo para la prevención y orientación contra el acoso en al interior del Congreso. De acuerdo con lo señalado en la rueda de prensa, esta guía para las víctimas aplica no solo para los miembros del legislativo, sino para todos los trabajadores, entre esos policías, pasantes, secretarios, asistentes, personal de limpieza y seguridad, entre otros.
“El protocolo contra el acoso sexual en el Congreso no solo está dirigido a los trabajadores de planta, sino a los contratistas, personal de la policía y seguridad, pasantes, judicantes y personal tercerizado que presta servicio en el Senado y la Cámara de representantes”, aseguró la senadora del Pacto Histórico en su intervención.
En este sentido, la legisladora explicó que el enfoque será la prevención de estas prácticas al interior del entorno laboral; además, buscará el empoderamiento de las mujeres, hombres y personas sexualmente diversas para que puedan denunciar si han padecido algún tipo de violencia en medio de las relaciones de poderes que se desarrollan en estos escenarios.
En este documento se hace claridad que las personas que reciban cualquier tipo de violencia basada en género (que van desde comentarios e insinuaciones hasta agresiones sexuales), que son mayoritariamente mujeres, recibirán un trato confidencial con respecto a sus denuncias y serán atendidas por profesionales (abogados, psicólogos y demás), entendiendo que puede ser un tema sensible y que puede caer en revictimización en el proceso; incluso, las cifras muestran que solo el 3% de las personas que han padecido este tipo de maltrato en ambientes de trabajo denuncian, el resto queda en secreto.
“El objetivo es que las personas puedan acceder a la justicia, que pueda hacerlo con seguridad y que haya un acompañamiento hacia la denuncia. Porque en la justicia está el gran bache, donde hubiera una condena hacia una persona poderosa, podríamos sentar un precedente importantísimo en nuestro país”, añadió en la presentación la senadora María José Pizarro.
Por otro lado, Pirrazo aseguró que tras las denuncias que se han hecho con respecto a una presunta red de abuso al interior del Congreso y que serían lideradas por miembros del parlamento, se deberá declarar una emergencia de género para comenzar una investigación con respecto a los delitos que señaló el exsenador Gustavo Bolívar en medio de una entrevista con la revista Semana. Sin embargo, los miembros dejaron en claro que en los meses que llevan no han recibido denuncias o casos que dejen en evidencia este tipo de violencia, aunque reconocieron que al interior se evidencia “una cultura de machismo generalizado”.
“En primer lugar, la denuncia no solo la puede hacer la víctima, sino personas que en su entorno sepa que este tipo de situaciones se están presentando, repito, el objetivo final es que sé de la denuncia penal y que haya consecuencias y que se den condenas contra aquellos o aquellas que hayan incurrido en este tipo de delitos”, agregó la senadora.
Además, que en los próximos días se adelantará un debate de control político en el Senado con respecto a las denuncias de violencia sexual en menores de edad que se dieron en el Guaviare y que habrían sido perpetradas por miembros de la fuerza pública.
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