La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, agradeció a través de su cuenta de Twitter al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, por la defensa de los recursos de los residentes de la capital de Colombia al imputar cargos al operador del relleno Doña Juana (CGR) por el daño causado al medioambiente y la contaminación provocada por no realizar la planta de lixiviados, pagada con anterioridad.
López detalló que el daño ambiental se derivó del daño patrimonial causado por el CGR, que se ha quedado con más de $142.000 millones que se han obtenido del pago de los impuestos de los bogotanos.
Además, señaló que este dinero estaba dirigido para la edificación de la planta de lixiviados, pero que en palabra de la alcaldesa, “nunca construyó. Confiamos en que la justicia le haga pagar a CGR el daño patrimonial y ambiental”.
La alcaldesa aseguró que tanto la administración como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), seguirían cuidando de los recursos públicos de los bogotanos, estos con el fin de prevenir cualquier uso inadecuado de estos y posibles desfalcos que se puedan producir.
“La @Uaesp y @Bogota seguiremos cuidando los recursos públicos de los bogotanos como sagrados que son y defendiendo a la ciudadanía de todo abuso y corrupción que encontremos, como lo estamos haciendo en el relleno Doña Juana, la recolección de basuras y el manejo de cementerios”, tuiteó López.
Qué dice la denuncia
Cabe recordar que en julio de 2022, la alcaldesa mayor anunció que interpondría una denuncia penal contra el operador del Relleno Sanitario Doña Juana por malos manejos de lixiviados. La mandataria aseguró que la empresa CGR se había embolsado163 mil millones de pesos, al no construir la planta de tratamiento.
La demanda presentada indicó que el representante legal de CGR estaba acusado como presunto autor de los delitos de contaminación ambiental y daño en los recursos naturales por hechos relacionados con el vertimiento irregular de estos residuos durante los periodos anuales de 2017 y 2019.
Durante su intervención, López leyó un fragmento del documento presentado a la Fiscalía General en la que señaló que el CGR no había realizado la optimación del STL y tampoco había ejecutado los aportes adicionales para este propósito.
“Lo que ha generado, además de un incumplimiento del contrato, que se realicen vertimientos al río Tunjuelo que no cumplen con las condiciones y parámetros ambientales exigidos en las normas técnicas, arrojando lixiviados sin el debido tratamiento al río”, detalló López en el documento presentado a la Fiscalía.
La administración enfrentó una billonaria demanda del operador Centro de Gerenciamiento de Residuos, CGR, ante un tribunal de arbitramento. En esta se culpó al distrito de no haber contado con los recursos suficientes, vía tarifa, para adelantar las actividades que le ordenó el laudo arbitral de 2018.
Según lo explicado por la alcaldesa, con esta demanda el CGR pretendía que la ciudad le pagara cerca de un billón de pesos, dinero de los impuestos de los bogotanos, en un nuevo tribunal de arbitramiento.
En la demanda que presentó la alcaldía, López explicó que de los delitos acusados por el distrito se resaltó el del presunto fraude procesal. La alcaldesa añadió que en una audiencia publica CGR acudió al Tribunal Superior de Cundinamarca para ofrecer información falsa.
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