El 23 de enero el Instituto de paz para el desarrollo y la paz (Indepaz) registró un nuevo asesinato de líder social en Caquetá, en lo que va del 2023 es el sexto. Sin embargo, hay que mencionar que, si se compara con el año anterior, las cifras de este tipo de crímenes se han reducido, pues para el 2022 para la misma fecha ya se había registrado 9 muertes de este tipo.
De acuerdo con la información recolectada por Indepaz, la víctima fue identificada como Samuel Sabí Dorado y era conocido en el municipio de Montañita por ser líder y secretario de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Reina Baja.
Según testimonios, el asesinato fue perpetrado el sábado 21 de enero en las horas de la tarde por hombres desconocidos que llegaron a su vivienda y lo asesinaron aparentemente con armas de fuego. Pese a que no se saben los motivos o quienes fueron los asesinos, el importante mencionar que en la zona hay presencia de dos grupos armados: Comandos de la Frontera y Frente 62 Miller Perdomo del Estado Mayor Central de las extintas Farc.
Pese a que los homicidios de líderes se redujeron en este comienzo de años, la Defensoría del Pueblo ratificó la alerta que señala que las amenazas y los ataques contra la vida de miembros de la JAC y líderes comunitarios es parte de las restricciones impuestas por actores armados en algunas zonas del país. Además, el riesgo para la vida de los miembros de estos espacios se acrecentan cuando manifiestan que siguen ideales progresistas o de “izquierda”, sobre todo en departamentos como el Caquetá.
Con este ya sería el asesinato número 1.415 desde la firma de los Acuerdos de Paz en el 2016. Recordemos que el 8 de enero, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) entregó un balance con respecto a que este, es uno de los crímenes más denunciados desde que se cerró el pacto entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc.
“Más de 1.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de Colombia”, señaló la ONG en su informe mundial.
Ante este panorama, HRW concluyó que el problema radica en que no se ha implementado políticas para proteger a estas personas vulnerables. “El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero la implementación, especialmente de medidas establecidas conforme al acuerdo de paz de 2016, ha sido deficiente”, se lee en el reporte.
El anterior crimen fue registrado en Sucre, el modus operanti fue similar al caso de Sabí Dorado, pues Genivero Méndez fue asesinado por sicarios que le dispararon en reiteradas ocasiones mientras se encontraba hablando con otras personas cerca a su casa.
La víctima era conocida por su impacto en el sector cultural de su departamento, ya que era líder, compositor y sabedor cultural, incluso, fundo el festival musical de Voces de la Luna, que trataba de recolectar la memoria histórica a través de la oralidad y el arte.
Pese a que en esta zona se supone las autodenominas Autodefensas Gaitanistas de Colombia se acogieron al decreto de cese bilateral, se presume podrían ser los que llevaron a cabo el crimen.
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