Solicitan al Gobierno nacional instalar una unidad militar especial en Buenaventura

La Gobernación del Valle del Cauca realizó la petición con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del Distrito Especial Portuario

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Foto de archivo. Panorámica del
Foto de archivo. Panorámica del puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. REUTERS/Jaime Saldarriaga

En el marco del consejo de seguridad que se realizó en el Valle del Cauca el sábado 21 de enero, la gobernadora Clara Luz Roldán solicitó al Gobierno nacional enviar una unidad militar especial para Buenaventura con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes ante las disputas armadas que actualmente se registran entre el Ejército de Liberación (ELN) y las disidencias de las Farc.

Durante sus declaraciones, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca ratificó la necesidad de otras medidas como una bolsa de recompensa e integrar 500 nuevos soldados para que patrullen a lo largo del Distrito Especial Portuario de Buenaventura.

“Insisto en que Buenaventura necesita una comandancia especial. Buenaventura no solo es el puerto por donde sale la mercancía, sino también, parte del narcotráfico. Sigo insistiendo que Buenaventura debe tener un comando especial de fuerzas militares, sostuvo la mandataria regional.
Declaraciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán

En el consejo de seguridad, que también contó con la presencia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez; el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, y los delegados de la Policía, el Ejército y la Fiscalía; además del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Este último, por su parte, lanzó una dura advertencia a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias Farc: deben cumplir con el cese acordado con el Estado Mayor, o el Gobierno nacional suspenderá su cese bilateral durante el evento.

“O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado o el Gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese. Porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central no se puede tolerar que continúen realizando las actividades, como ya ha quedado evidenciado”, señaló el ministro Velásquez.
Foto de archivo. El ministro
Foto de archivo. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. REUTERS/Luisa González

A renglón seguido, el titular de la cartera de Defensa subrayó que el cese bilateral al fuego no implica la interrupción de las actividades de las Fuerzas Militares en cumplimiento de la Constitución y la Ley.

“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben continuar cumpliendo su obligación constitucional, controlando el territorio, protegiendo a las comunidades y afectando las actividades ilícitas que esas organizaciones desarrollan”, subrayó el ministro.

Las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa fueron respaldadas por la gobernadora del Valle del Cauca, quien indicó: “Me uno a las palabras del ministro y me parece muy importante lo que hoy deja en claro: que una cosa es el cese al fuego y otra el no combatir y permitir la criminalidad, las extorsiones y el crimen organizado”.

El ministro Velásquez además informó que, durante el consejo de seguridad, se concluyó que el narcotráfico es el detonante de todos los tipos de violencia en el departamento del Valle del Cauca por lo que subrayó es necesario que el Gobierno nacional combata la producción, exportación y la obtención de las riquezas que derivan de esta actividad ilícita”.

“Hemos definido que con todo esto las acciones de las Fuerzas Militares y de la Policía tienen que profundizarse en el departamento y hay que tomar unas acciones concretas en los sentidos que he señalado para controlar las actividades ilícitas y poder generar espacios de tranquilidad y seguridad a la población”, sentenció el alto funcionario.

Es de recordar que, con el fin de frenar la inseguridad en el departamento del Valle, la Secretaría de Seguridad de la región informó en días recientes que fortalecerán “las capacidades de Policía, Ejército, Fiscalía y Migración Colombia, a través del Comité de Orden Público”.

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