Por las fallas relacionadas a la supervisión técnica que tenía como finalidad recuperar la carretera Málaga-Los Curos, en Santander, la Procuraduría General formuló cargos contra Cesar Augusto Moreno, exdirector territorial en Santander del Instituto Nacional de Vías (Invías), y Hugo Hernán Herrera González, exsubdirector de gestión del riesgo.
En el caso, la delegada para la Economía y Hacienda del Ministerio Público dispuso que una vez comenzó la construcción se definió una obligación de supervisión entre el Fondo de Adaptación y el Invías, el cual incluyó la obra que previa la construcción de los puentes vehiculares para La Judía, el Sector Crítico 43 y el Hisgaura, registrado posteriormente por el Fondo de Adaptación y Sacyr, Construcciones Sucursal Colombia.
En medio de las investigaciones, el Ministerio público, concluyó que ‘no se cumplió con las exigencias que se pactaron’, por lo cual, consideró formular cargos a Moreno Prada por supuesta omisión de advertir de manera técnica al interventor contratado por el Fondo sobre la adopción de normas que eran aplicables al contrato celebrado en 2013. Esa situación, a juicio del ente de control, fue lo que produjo retrasos y sobrecostos.
Así mismo, la Procuraduría General formuló un segundo cargo porque probablemente se dejó de informar que el método constructivo utilizado por el ejecutor no era el adecuado, lo cual reflejó las deficiencias en la calidad, estabilidad, técnica y durabilidad del Puente Hisgaura. Esta coyuntura, debía ser advertida por Herrera González en su función de supervisión técnica de los convenios celebrados, según el Ministerio Público.
Para la administración, presuntamente ambos incurrieron en una ilicitud sustancial al alejarse del cumplimiento de sus compromisos e infringieron disposiciones legales a las que estaban obligados, con lo que pudieron desconocer los principios de eficacia y economía. De manera transitoria, la entidad calificó las presuntas faltas de Moreno y Herrera como ‘graves a título de culpa grave’.
Averiguaciones relacionadas al proyecto
En julio del 2022, la Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por $23.308 millones, ya que consideró que hubo afectación al patrimonio público que ocasionó daños y deficiencias en el puente vehicular Hisgaura. Al proceso se vincularon, 18 personas, por presuntas responsables fiscales, entre estos se relacionó tres exgerentes del Fondo de Adaptación, Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz Pabón. También, el exdirector del Invías, Juan Esteban Gil, y su antecesor en este cargo, Carlos Alberto García.
Juan Esteban Gil, tras ser notificado, entregó comunicado y en el mismo, manifestó que las personas que debían responder por lo que ocurrió en la construcción y contratación del puente eran funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el momento donde se dio inicio al proyecto de infraestructura y resaltó que durante la administración de Duque se limitó, unicamente, a recibir la obra de acuerdo con el informe de la interventoría, y se ocupó de las recomendaciones de la mesa de expertos para dar cumplimiento de los requerimientos de la Contraría General.
A su vez, el Invías, también respondió al proceso y ratificó que solicitó la apertura de una investigación, tras una visita fiscal a la obra dentro de la reapertura de la indagación preliminar por las presuntas irregularidades de carácter fiscal que se dieron en la ejecución del contrato de obra No. 285 del 27 de diciembre de 2013, suscrito por el Fondo de Adaptación y el contratista Sacyr Construcción S.A. - Sucursal Colombia para la construcción del puente Hisgaura.
Según el organismo, su función se limitó en recibir la obra de acuerdo con el informe de la interventoría y atendiendo las recomendaciones de la mesa de expertos que para tales fines se integró, cumpliendo así, los requerimientos que formuló la Contraloría General de la Nación sobre el proyecto.
Seguir leyendo: