Luego de la audiencia de reconocimiento del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales ante la Jurisdicción Especial para la Paz –en la que aceptó su responsabilidad en la desaparición de varios trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia durante la operación de retoma en noviembre de 1985– uno de los familiares de los desaparecidos, René Guarín pidió que se desclasifiquen los archivos de inteligencia para conocer la verdad de lo que pasó en la retoma del Palacio y en otros crímenes de Estado.
“No solo con el Palacio de Justicia sino con otros crímenes de Estado. Esa información reposa en los archivos de inteligencia y es necesario que las víctimas nos apropiemos de esa información y se lo exijamos al actual presidente, que sea desclasificada y conocida”.
Estas declaraciones de Guarín, familiar de Cristina del Pilar Guarín, una de las personas que desaparecieron durante la retoma, se dieron en Blu Radio, en donde reiteró que la liberación de los archivos de inteligencia, que estaban en poder del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y que están, desde 2014, en el Archivo General de la Nación, depende, para él, de la voluntad política y jurídica del presidente Gustavo Petro.
Guarín, también en el programa El Radar de Blu Radio, dio sus impresiones sobre las declaraciones que el exgeneral Arias Cabrales dio en la JEP, que lo decepcionaron.
“Esto es la prolongación de un comportamiento que ha tenido el Estado durante 37 años con el caso, negacionismo, que no hubo desapariciones y lo que sucedió una entrega equivocada de entrega de restos óseos de los muertos”, dijo Guarín, que recalcó que Arias Cabrales “ya pasa de los 80 años. Pero él dice que no tuvo nada que ver, es el mismo trato que ya ha tenido el Estado en estás décadas”.
Sobre la desaparición de su hermana, Guarín advirtió que ella no murió durante la retoma sino que fue sacada, con vida, del Palacio para ser asesinada en otra parte.
“Consideramos que nuestros familiares fueron subidos a una camioneta (...) Los cuerpos hablan y dentro de los 11 huesos que nos entregaron los expertos nos dijeron que tenía la tercera vértebra dorsal rota. Primero fue asesinada y luego fue dejada para ser quemada”, dijo Guarín.
Familiares de víctimas piden la expulsión del general (r) Arias Cabrales de la JEP
“No somos felices viendo que una persona tenga un padecimiento con una condena de 36 o 37 años, así se lo merezca. Y no somos felices porque ellos también tienen familiares, hijos, personas que van a sufrir (...) Por eso vemos justo que esa pena, a través de la JEP, pueda ser reducida considerablemente, pero eso tiene una contraprestación”. Con este testimonio, Jorge Franco, hermano de Irma Franco, una de las mujeres que desapareció de manera forzada en la retoma del Palacio de Justicia, inició el segundo día de audiencia de reconocimiento sobre el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
La diligencia, cuyo primer día fue el martes 17 de enero, estuvo centrada no solo por los crudos testimonios de familiares de las víctimas, sino por la versión entregada por el general retirado sobre su papel en la retoma del Palacio de Justicia, pues estuvo al mando de la Operación Tricolor —también Brigada XIII del Ejército—.
Las 35 sillas vacías, representando a aquellos que fueron raptados en noviembre de 1985, volvieron a estar presentes el 18 de enero, y sobre las 10:30 de la mañana comenzó la audiencia con testimonios de familiares que narraron el calvario que han tenido que vivir por más de 37 años. El objetivo de la magistratura era uno solo: determinar si el testimonio de Arias Cabrales podía satisfacer a las víctimas.
En ese sentido, la magistrada Claudia Saldaña, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, le pidió al exmilitar una explicación sobre las formas en que el personal del Ejército y la Policía que estaban resguardados en la Casa del Florero, interrogó a los trabajadores de la cafetería del Palacio.
En medio de la audiencia, una familiar de las víctimas le formuló varias preguntas al general retirado. Negó la existencia del paradero de Norma Esguerra Forero, afirmó tener el control de la Brigada XIII del Ejército y, en ese orden, aceptó que lo mantuvo durante toda la operación. Sin embargo, cuando le preguntó si respondía afirmativamente por su jerarquía militar “y cargo por las acciones de sus subalternos”, respondió que “cada uno responde por sus acciones” y dijo que sí entregaría a sus subalternos que cometieron irregularidades de la retoma.
Ante estas respuestas, la víctima declaró: “yo concluyo que usted es un militar incompetente, no sabe nada de sus subalternos, desconoce todo supuestamente. En esta sala, señor Jesús Armando, usted ha declarado que no sabe nada de lo que hacían las personas a su cargo y a todo responde la palabra favorita ‘no sé’. ¿Qué clase de general y de militar es usted?”
Rosa Milena Cárdenas, hermana de Luz Mary Portela, le preguntó al general (r) por el paradero de su familiar quien también desapareció en la retoma. La réplica del compareciente no satisfizo los intereses de la asistente.
“No tengo certeza de que hubiera salido del Palacio de Justicia. La Fiscalía y Medicina legal fueron quienes llevaron a cabo la labor de levantamiento de cadáveres y emitieron este tipo de conceptos”, aseguró Arias Cabrales. Al finalizar la audiencia, Alejandra Rodríguez, hija de Luis Carlos Rodríguez, llegó a la conclusión de que el aporte de verdad del exmilitar fue nulo. En ese orden, la magistrada Saldaña dijo que, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección de Apelación, se revisará o no la continuación del exgeneral en esa jurisdicción.
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