Desde que llegó el presidente Gustavo Petro y su gabinete han venido surgiendo diferentes preguntas alrededor de los cambios que afrontará el país en los próximos años, uno de los más preocupantes y que ha creado más confusión es el tema de la transición energética y la reducción rápida de la dependencia de hidrocarburos. Lo anterior, teniendo en cuenta las declaraciones de los funcionarios y del mandatario de la importancia de volcarse a un “capitalismo descarbonizado”.
Sin embargo, el director del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, Jorge Iván González, salió a hablar del tema y aclaró que si bien se debe dar es necesario tener en cuenta que debe ser un tránsito cuidadoso teniendo en cuenta lo que significa este sector para la economía del país.
En una entrevista para El Tiempo, González aseguró que, además de la dependencia económica que se tiene, pues, “cerca del 60% de las exportaciones del país son petróleo y carbón”, también hay que tener en cuenta que el país tiene una riqueza natural que le permite llevar una transición tranquila y lenta.
“La participación que tiene Colombia en el daño ambiental es mínima. Tiene una incidencia muy pequeña. El asunto es que tenemos todas las potencialidades, como los ríos, paramos y selvas… y estos activos los puede utilizar el planeta Tierra para compensar el daño ambiental. Ese es el cambio de discurso que están tratando de hacer tanto el presidente Petro como el presidente Lula del Brasil. En manos de nuestros dos países está gran parte de la protección ambiental futura de la Tierra”, dijo el director del DNP.
Y ratificó lo que han dicho varios expertos económicos, sobre que el proceso de transición se debe hacer despacio:
“Colombia no puede acabar con la dependencia del petróleo, del gas, del carbón de un momento a otro. La reducción de la dependencia debe ser un proceso”.
En este sentido, aseguró, que desde el Gobierno se están pesando en medidas alternativas, por ejemplo, los contratos mineros se están analizando para mirar la potencia que tiene y tomar decisiones, además, de pensar en otras medidas.
“Hay muchos ejemplos de regular, como sanciones a los consumos con daño ambiental, castigo a la deforestación y estímulos a la protección de páramos como Chingaza. A cada hogar campesino de Sumapaz le deberíamos entregar tres salarios mínimos para que no vuelva a sembrar papa ni tenga ganado. Para que estas decisiones se tomen basta que el Estado tenga una conciencia favorable a la protección ambiental”, puntualizó.
Sin embargo, por ahora en el Plan de Desarrollo se está mirando cuál de esas alternativas incluir, una de las primeras será hacerle frente a la ganadería extensiva que, como se ha revelado, es la actividad económica que más CO2 produce, de acuerdo con Greenpeace, la ganadería es responsable de la emisión de hasta 14,5% de los gases de efecto invernadero.
“En el Plan de Desarrollo se insiste en la importancia del ordenamiento territorial, de la transformación energética. El plan advierte sobre hechos inaceptables. Por ejemplo, la ganadería extensiva es muy dañina. ¡Es insólito que tengamos una vaca por hectárea! Eso no tiene ningún sentido. Si delimitamos bien los páramos y los baldíos, podemos ir definiendo unas formas de regulación más claras”, anotó Jorge Iván González.
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