El Gobierno de Perú ha señalado que los disturbios registrados en las recientes manifestaciones responden a una acción “concertada y planificada” para privilegiar determinados intereses políticos y “chantajear” al Ejecutivo que lidera Dina Boluarte, presidenta del país.
Como es su costumbre Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para hablar de la situación política y social que se vive en el país fronterizo donde se ha denunciado el asesinato de, al menos, 50 civiles y allanamientos a varias universidades de Perú.
“Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú!”, fue el mensaje del presidente colombiano.
En total, desde el inicio de las protestas, el 7 de diciembre de 2022, la Policía Nacional del Perú ha detenido a 378 personas por causar disturbios en las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Desde la frustrada toma del poder por parte del expresidente Pedro Castillo, hoy detenido por las autoridades de su país, la nación vive en la zozobra y el miedo.
El jueves 19 de enero el Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna debido a los enfrentamientos que están teniendo lugar durante las manifestaciones que piden la renuncia de Dina Boluarte.
De esta forma, estas tres regiones se suman a Cuzco, Puno, Lima y Callao en la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y seguridad personales, al menos por 30 días, según recoge un decreto publicado en El Peruano, el boletín oficial del Estado.
Mientras tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó la ‘Toma de Lima’, asegurando que caerá sobre ellos “todo el peso de la ley”, y reiterando su negativa a dimitir.
La del sábado 21 de enero no ha sido la única declaración de Gustavo Petro respecto a la situación en Perú. Hay que recordar que el 16 de diciembre de 2022 ofreció a Colombia como posible mediador para superar la crisis social y política. El jefe de estado aseguró que en ese país se debe adelantar un diálogo político en donde se respeten los derechos sociales.
“Si Colombia es necesaria para posibilitar el gran diálogo social y político estamos dispuestos, lo cierto es que hoy por hoy hay una crisis (…) hay un presidente elegido popularmente preso preventivamente lo cual me parece un exabrupto”, señaló en ese momento.
El presidente de Colombia aseguró que su gobierno “no ha conversado con el gobierno sustituto”, pero que espera se respeten los derechos de todas y todos, incluido el mandatario elegido popularmente, en referencia a Pedro Castillo.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) también se manifestó sobre la situación en Perú y calificó como “preocupante” la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas ocurridas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos de la capital peruana.
El organismo señaló que “exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas. Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social”, agregó la Cidh en un comunicado con fecha de 21 de enero de 2023.
El Gobierno de Dina Boluarte se defendió de estas acusaciones. Concretamente, el fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, señaló que el Ministerio Público había recibido denuncias, por parte de esa universidad, sobre agresiones y robos a la fuerza pública perpetrados por manifestantes que acampaban en el campus.
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