Desde el 15 de enero de 2023 las personas privadas de la libertad que se encuentran en la cárcel La Picota de Bogotá están en huelga de hambre, debido al mal estado de los alimentos que se entregan en el centro penitenciario.
Cinco días después del inicio de la protesta un equipo de la Defensoría del Pueblo hizo presencia en el centro carcelario para verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Durante su visita, los funcionarios se reunieron con 20 representantes del Comité de Derechos Humanos que manifestaron deficiencias en las condiciones en las que están recibiendo sus alimentos, así como retrasos en las horas de distribución de los mismos.
Según los denunciantes, el desayuno se entrega a las 10:00 de la mañana, el almuerzo a las 5:00 de la tarde y la comida a las 9:00 de la noche “dejando en riesgo la vida de internos con patologías crónicas y que requieren una rigurosidad en la alimentación”.
De acuerdo con lo explicado por la Defensoría del Pueblo, la población privada de la libertad pide que se realice una mesa de trabajo con el representante legal del consorcio que provee la alimentación, con el interventor del contrato, con la Uspec, el Ministerio de Justicia, el Dapre y el Inpec, con el fin de buscar una solución adecuada a sus reclamos.
La Defensoría del Pueblo será garante de estos espacios y de los compromisos a los que se lleguen en las reuniones. Ante este acompañamiento los representantes de los detenidos aseguraron que como gesto de buena voluntad se comprometen a “suspender hasta la próxima semana la jornada de desobediencia pacífica, pero si no hay soluciones de fondo la retomarán”.
Luego de terminar el encuentro con los representantes de la población carcelaria, la entidad del Ministerio Público le hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen medidas urgentes y superar la crisis en materia de alimentación que se registra en La Picota.
La Defensoría del Pueblo también aprovechó para extender el llamado a los demás centros de reclusión a garantizar el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.
“Finalmente, insta a las entidades responsables de la atención a las personas privadas de la libertad para entablar un diálogo con esta población y mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio de alimentación”, finalizó la entidad en su comunicado del 20 de enero.
Las denuncias de la mala alimentación en las cárceles de Bogotá las hizo el Movimiento Nacional Carcelario, que encontró que dentro de la comida de los internos del Buen Pastor, Picota y Modelo hay ratas, moscas y zancudos.
Las enfermedades que muchos de los internos padecen son causadas por la mala alimentación que reciben y esta situación se agrava por la ausencia de la atención médica y el tratamiento correspondiente.
“Por estas razones, denunciamos ante la opinión pública las actuaciones por parte del Inpec y la Uspec por el incumplimiento de la entrega digna de los alimentos, es necesario que las autoridades cumplan con el Art 68 de la Ley 65 de 1993″, enfatizó el Movimiento Nacional Carcelario el 23 de noviembre 2022.
El Movimiento Nacional Carcelario explicó, en su denuncia pública, que el Estado colombiano debe garantizar que no se vulneren los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que se les suministre los alimentos en calidad, gramaje y en las horas correspondientes.
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