No paran las alertas sobre las irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En esta oportunidad, la Procuraduría General de la Nación puso los ojos sobre el departamento de Cesar que obligaron a la suspensión de la adjudicación del contrato.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, se habrían presentado posibles inconsistencias en la evaluación y calificación de las dos únicas empresas participantes en el proceso licitatorio.
En el comunicado del jueves 19 de enero, la Procuraduría explicó que las diligencias adelantadas, por la sección de Vigilancia Preventiva de la Función Pública, permiten establecer posibles inhabilidades y conflictos de intereses en el mismo proceso de selección.
El contrato en cuestión tiene un presupuesto asignado de 48.000 millones de pesos y tiene como objetivo “suministrar las raciones alimentarias para instituciones educativas oficiales en zonas urbanas y rurales del departamento”.
En su alerta, el órgano de control fue enfático en aclarar que se deben cumplir con las medidas correspondientes para la planeación oportuna en los procesos de contratación del PAE.
Una de esas medidas de control que tomó la Procuraduría General fue activar el Comité Especial de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Cepae), luego de identificar que cerca de 1.4 millones de estudiantes están en riesgo de no recibir su complemento alimentario.
Respecto a las advertencias realizadas por la Procuraduría General en la adjudicación del PAE en el Cesar, una investigación del periódico local el Pilón señaló que en la zona norte del departamento el único oferente fue la Unión Temporal Alimentos del Norte.
De acuerdo con el trabajo periodístico, la Unión Temporal de Alimentos la integran la Fundación Social Obras de Amor, Esperanza y Vida (Fundesvi) con el 55%; la Fundación para el desarrollo igualitario (Fundesois), con el 10%; la Fundación para el desarrollo productivo y sostenible de las regiones de Colombia con un 25% y Nutrir Group SAS con el 10%.
Por su parte, en la zona sur el único proponente fue la Unión Temporal Alimentar RA, integrada por Inversiones Ramfor LTDA, con un 80%, y la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, con el 20%, dice en la investigación del medio de comunicación.
Para 2023, el Gobierno de Gustavo Petro asignó 1.2 billones de pesos a las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) que ejecutan el PAE en todo el territorio nacional.
Este presupuesto creció en 100.000 millones con relación a 2022. Para el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, además de los recursos adicionales que destinó la Nación:
“La Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) continúa en los trabajos para el fortalecimiento de los equipos en territorio que operan el Programa. Llegar a más de 43 mil sedes educativas solamente es posible con el trabajo articulado con los gobiernos locales, los Comités de Alimentación Escolar, docentes, directivos, acudientes, manipuladoras y operadores”,
Hay que recordar que el 15 junio de 2022, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la contratación del PAE en 2015.
Concretamente, lo acusó de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor.
En el comunicado de ese momento, la Fiscalía General indicó:
“Se logró establecer que, al parecer, no se realizaron los estudios previos. Además, los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objetivo contractual, lo que habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos”.
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