Petro sobre investigación contra Iván Velásquez en Guatemala: “el Presidente y el Ministro se respetan”

El canciller, Álvaro Leyva, había asegurado que no existe una crisis, mientras que el Presidente indicó que las acciones contra el Ministro de Defensa intentan vulnerar la soberanía nacional

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Petro volvió a referirse a la investigación contra Iván Velásquez en Guatemala: “El presidente y el ministro se respetan”. (REUTERS/Luisa González)

Las relaciones entre Colombia y Guatemala pasan por un momento tensionante después de que el Ministerio Público del país centroamericano anunciara que tomaría acciones legales en contra del ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. El canciller Álvaro Leyva descartó una crisis entre ambas naciones; sin embargo, el presidente Gustavo Petro brindó unas fuertes declaraciones en una rueda de prensa desde Davos, Suiza, el miércoles 18 de enero.

“Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta”, sostuvo el primer mandatario ante los medios de comunicación. “Nosotros no vamos a rodear la soberanía nacional ante una acción corrupta, provenga de quien provenga”, señaló Petro y aseveró que las acciones en contra de Velásquez no son por el Gobierno colombiano, sino que “están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas (ONU)”.

El jefe de Estado precisó que no van a aceptar “esas venganzas de politiqueros y corruptos (...) más cuando intentan vulnerar a la soberanía nacional”. A su vez, cuando le preguntaron sobre un posible rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala, indicó que buscarán la transparencia pública y llegarán “hasta donde quieran llevar la situación”.

Cabe recordar que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche, manifestó que Iván Velásquez habría incurrido en “actos ilegales y abusivos” mientras estaba al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) entre 2013 y 2017.

De acuerdo con el funcionario, el actual ministro de Defensa habría permitido acuerdos de cooperación eficaz con directivos vinculados a la constructora Odebrecht. En concreto, el funcionario guatemalteco relacionó al jefe de cartera con la pérdida de más de 380 millones de dólares en el país centroamericano a manos de la red de corrupción a cargo de la compañía brasileña.

La versión del canciller

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó no hay nada que temer respecto a la diplomacia entre las dos naciones, pues todo se está llevando desde el protocolo para el esclarecimiento del asunto. Por esa misma razón, el Ejecutivo hizo el llamado a consulta a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, “para que nos informe de manera directa, pero ahí no hay nada”.

Álvaro Leyva defendió al jefe de la cartera de Defensa ante las acusaciones del Ministerio Público de Guatemala. “La verdad es que si hay alguien que supo hacer su gestión en Guatemala, fue el actual ministro de Defensa, y lo hizo de acuerdo con un protocolo firmado por Naciones Unidas”, comentó el canciller ante Blu Radio y reconoció que es poco probable que la situación termine en un juzgamiento.

“Acá lo que hay es algo que es un exabrupto”, agregó.

El funcionario también recordó que el fiscal que hizo las acusaciones “está siendo investigado por Estados Unidos”, por lo que Velásquez “goza de nuestra admiración y respaldo”. Esa información la confirmó el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de EE. UU., Brian Nichols, quien aseguró que esas acciones “debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.

Lo cierto es que Curruchiche fue sancionado hace seis meses por el país norteamericano por haber obstruido investigaciones de casos de corrupción y generado presuntas denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la Cicig. Por esa razón, incluyeron su nombre en la lista Engel, en la que están actores corruptos y antidemocráticos de diferentes países.

La misma ONU expresó su preocupación en diciembre de 2022 por la criminalización a funcionarios judiciales que pertenecieron a la Cicig. Esa entidad operó desde 2007 a 2019 y logró desarticular estructuras paralelas de corrupción.

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