La Fiscalía General de Nación anució que no convocará a una mesa de trabajo que se había planteado para adelantar investigaciones conjuntas con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con las que pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad.
Ahora, la Fiscalía citará en los próximos días al presidente de la SAE, Daniel Rojas, a declarar por los casos que se mencionaron anteriormente; al vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero, y a los demás altos funcionarios, para que bajo la gravedad de juramento entreguen información frente a los presuntos hechos de corrupción denunciados por el presidente de la entidad.
La decisión de la Fiscalía se da luego de que, el 17 de enero, el presidente de la SAE respondiera, con una carta, al la invitación del fiscal Francisco Barbosa a ponerle “la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar likes. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo pero cuando cita la Fiscalía no van”.
En la carta, Rojas le pidió a Barbosa encontrarse el búnker de la Fiscalía para presentar las evidencias que tiene sobre las presuntas irregularidades que se presentaron en la entidad en la pasada administración.
“Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica”, dice un aparte de la misiva.
Rojas, en la carta, le reitera al fiscal Barbosa la disposición de la entidad a su cargo para trabajar coordinadamente con el ente acusador: “con el fin de construir y transparentar el inventario de activos a cargo de la entidad, como parte del compromiso de este gobierno de lucha frontal contra la corrupción. Por tal motivo, reiteramos la solicitud de iniciar prioritariamente las mesas estratégicas conforme las directrices dadas por el Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego”.
En la carta, el presidente de la SAE celebró que “exista voluntad del ente a su cargo para acompañarnos en esta iniciativa que surge desde el 07 de agosto de 2022, cuyo objetivo es, tal y como lo hemos manifestado, construir y transparentar el inventario de activos bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., teniendo en cuenta las irregularidades que se han presentado desde los tiempos de la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE”.
Rojas también le pide al fiscal Barbosa “respetuosamente le aclare a la opinión pública a que encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad hemos participado en cada una de las citaciones”
Las denuncias
En octubre de 2022, Daniel Rojas expresó sus preocupaciones frente a la actualización del inventario de la SAE, especialmente en lo referente a la transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a esta entidad.
“Aun cuando el inventario es un cuello de botella para converger en los proyectos del gobierno, no evita que nos sumemos a los objetivos de la reforma rural”, afirmó el funcionario.
También, a finales de septiembre de 2022, durante un debate de control polítco en el Congreso, Rojas explicó que “el gran problema de la entidad son los inventarios y la información de los activos que se administran”. También detalló que no existe certeza respecto al valor catastral y el valor comercial de gran parte de los activos y de las sociedades. Añadió que no hay claridad acerca de la información física de los predios y su ubicación.
“No tenemos certezas sobre el valor catastral, el valor comercial, de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades. Estos valores aproximados que ustedes ven allí, algo así como $8,8 billones de pesos, difieren en su fuente y en su método de valoración de otros como el que ha resaltado el senador y presidente Roy Barreras”, advirtió Rojas ante el Congreso.
Así mismo, detalló que también se desconoce la cantidad de predios que están ocupados irregularmente y las condiciones de las mismas. Según sus cálculos, solo el 21% de los inmuebles que administra la SAE son productivos.
Por su parte, en octubre de 2022, el presidente Gustavo Petro indicó que si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, es porque “alguien incumplió la ley”, toda vez que el documento no está disponible, por lo que consideró que desde ya las personas que estuvieron al frente de la sociedad deberían ser desde ya investigados.
“Eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo deben ser ya investigados”, manifestó, dado que puede haber motivaciones criminales para ocultar la información sobre los bienes en extinción de dominio.
Según el presidente, de confirmarse su hipótesis Colombia estaría “en el preámbulo, y con los indicios terribles, de quizás uno de los hechos dolorosos de la historia desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional”. Sobre todo, teniendo en cuenta que recuperar esos bienes ha costado recursos y vidas humanas, porque son consecuencia de la lucha contra el narcotráfico.
“Es una cuantía enorme de dinero que condensa una actividad ilícita, que es el narcotráfico, en lo que se ha podido derrotar, y que en la transición hacia convertirse en bienes públicos que deben cumplir con los fines esenciales del Estado, hoy no sabemos dónde están. Y eso en términos de billones de pesos. No puede ser. No puede ser sin responsables. Tarea que será de la investigación propia del poder judicial”, mencionó el mandatario.
Es importante mencionar, que durante la rueda de prensa en la que el presidente Petro dio las anteriores declaraciones, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa aseguró que durante su administración han sido recuperados 19.587 bienes, cuyos valores ascienden a los 25,7 billones de pesos.
En ese momento, el fiscal Barbosa también anunció la creación de una mesa técnica de alto nivel entre la SAE y la Fiscalía General de la Nación, con participación de la vicefiscal y la delegada de Finanzas Criminales, con el fin de determinar las posibles irregularidades en la información disponible. Mesa que finalmente no se logró concretar.
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