Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, sería enviado a responder por narcotráfico ante la Justicia de Estados Unidos este jueves 19 de enero, según confirmaron fuentes judiciales en el periódico El Tiempo.
En el diario bogotano informaron que tanto la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana y las agencias del país norteamericano finiquitaron el procedimiento para que viaje en calidad de capturado junto con otras seis personas que también fueron requeridas por varios delitos.
Incluso establecieron que ya se coordinó el operativo para llevar a Córdoba desde la cárcel La Picota, donde se encuentra privado de la libertad desde el año pasado, hasta la sede de la Policía Antinarcóticos en la capital de la República.
De esta manera se hace efectiva la extradición del hermano de la controversial congresista, luego de que le negaran el pasado 5 de enero un último recurso ante el Consejo de Estado para frenar este procedimiento.
La defensa de Córdoba argumentó que la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia habían vulnerado sus derechos al aceptar la solicitud de extradición. Los tres delitos por los que fue acusado Córdoba se realizaron en el territorio colombiano, por lo que su apoderado aseguró que solo se puede extraditar a un ciudadano colombiano cuando delinca en el exterior, explicaron en el diario El Espectador.
El familiar de la senadora del Pacto Histórico fue capturado el 3 de febrero de 2022 dentro de la denominada Operación Coral en el barrio El Poblado, en Medellín, tras ser señalado de intentar enviar mensualmente tres toneladas de cocaína a Estados Unidos. También lo sindican de apoyar logísticamente a las disidencias de las extintas FARC de ‘Gentil Duarte’ y de ‘Iván Mordisco’.
Posteriormente, la corte federal del Distrito Sur de Nueva York solicitó su extradición, que fue avalada por la Corte Suprema el 17 de agosto de 2022. La Sala Penal accedió a la petición, pero no por todos los delitos: Álvaro Córdoba solo deberá responder por el cargo de narcotráfico ante Estados Unidos, pues en el fallo se determinó que los otros dos —tráfico y porte de armas— “ocurrieron en territorio colombiano” y no tienen injerencia en el país norteamericano.
La orden de traslado llegó al despacho del Ministerio de Justicia y fue firmada por el presidente Gustavo Petro el 23 de noviembre del año pasado. Ante esa decisión, la defensa del recluso en la cárcel La Picota le solicitó al Consejo de Estado evaluar los derechos al debido proceso, la dignidad y el principio de legalidad y le pidió que se niegue el concepto de la Corte Suprema que da luz verde a la extradición.
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La decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado determinó que la tutela no tenía lugar debido a que el delito de narcotráfico no solo se limita al lugar donde se cometió, a diferencia de los otros dos cargos que fueron considerados como “desfavorables” por la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, no habría una vulneración a los derechos fundamentales de Córdoba.
“Dada la conducta penal reprochada no se trata, únicamente, de la ubicación del sujeto activo al momento de la comisión de la conducta, como lo pretende hacer ver la parte actora, sino del lugar donde esta se materializa, siendo, en el asunto bajo estudio, en los Estados Unidos de América”, se lee en el fallo conocido por el diario El Espectador.
Cabe destacar que en diciembre del año pasado, el Consejo de Estado ya había definido que la decisión que se tomó desde la Casa de Nariño fue “respetuosa del derecho al debido proceso”. Para el tribunal, el Gobierno nacional siguió las normas aplicables como los artículos 499, 500 y 501 de la Ley 906 del 2004 o el Código de Procedimiento Penal.
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