Tras la resolución que expidió el Ministerio de Salud con la que se adopta en Colombia la regulación para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Emel Rojas, concejal de Bogotá, interpondrá una denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, por la expedición de la sentencia.
A través de sus redes sociales, el cabildante realizó su petición: “La doctora Carolina Corcho, ministra de Salud, prevaricó con la expedición de la resolución de aborto libre, así que voy a pedirle a la Fiscalía y a la Procuraduría que la investigue, es una resolución ilegal”, escribió en su cuenta de Twitter junto con un video.
Rojas afirmó que esta resolución le quita a los padres la facultad de acompañar a sus niñas, incluso menores de 14 años en estos procedimientos
“Aparte de eso, legalizó algo que solamente el Congreso lo puede hacer, que es un derecho fundamental, la objeción de conciencia”, señaló el miembro del cabildo capitalino.
Uno de los puntos principales que el concejal del partido Colombia Justa Libres denuncia es que la resolución busca acabar con la objeción de conciencia del personal médico, la cual está contemplada en la ley.
El cabildante además dijo que el Gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en una dictadura y que tomará acciones penales contra la jefe de cartera de Salud. “Ahora quedamos en manos de una dictadura, de una tiranía, de la señora ministra estrella, que va a implementar los esquemas de salud del doctor Gustavo Petro”, manifestó.
“Eso está mal, así no se hace”, concluyó en el video el concejal de Bogotá.
Vale recordar que el pasado 12 de enero de 2023, el Ministerio de Salud expidió la resolución 051 con la que se adopta en el país la regulación para la atención integral del aborto y con la que se da alcance a las condiciones que había previsto para estos procedimientos la Corte Constitucional, en especial con la sentencia C-055 de 2022 con la que las personas con capacidad gestante pueden interrumpir voluntariamente los embarazos antes de la semana 24 sin consecuencias penales.
Dentro de esta normativa se garantiza que, de ahora en adelante, las personas gestantes menores de 14 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin requerir la autorización de sus padres o tutores legales.
“Las niñas menores de 14 años pueden ejercer su derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) de manera autónoma. Su deseo de interrumpir o continuar con el embarazo prima sobre los deseos de sus padres o representantes legales, aun si ellos no están de acuerdo con su decisión”, señala el parágrafo contenido en el Anexo Técnico de la resolución, en el aparte dedicado al consentimiento informado para llevar a cabo ese procedimiento.
De igual manera, se incluyó una garantía adicional para las personas gestantes menores de 14 años, donde los profesionales de la salud que lleven a cabo el procedimiento tienen que poner en conocimiento de las autoridades el hecho, si no hay una denuncia del mismo, ya que se presume como una conducta de violencia sexual.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado frente a esta demanda.
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