Asesinan a otro líder social en Colombia, es el quinto de este 2023

De acuerdo con Indepaz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc, han sido asesinados 1.414 líderes sociales

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Desde diciembre de 2022 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos de Sucre han denunciado que se han visto obligados a ocultar sus nombres, trasladarse a otros territorios y vivir en medio de la zozobra por las amenazas contra su vida. EFE/Mauricio Dueñas
Desde diciembre de 2022 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos de Sucre han denunciado que se han visto obligados a ocultar sus nombres, trasladarse a otros territorios y vivir en medio de la zozobra por las amenazas contra su vida. EFE/Mauricio Dueñas

Genivero Méndez Buelvas reconocido líder, compositor y sabedor cultural del municipio de Morroa (Sucre), fue asesinado por sicarios en el corregimiento de Las Flores, cuando estaba hablando con otro hombre identificado como Enrique Santos Franco, de 36 años de edad, quien también resultó víctima.

Sin embargo, sus familiares y amigos aseguraron que el atentado no estaba dirigido a él.

Méndez fue fundador del festival musical ‘Voces de la Luna’ y trabajaba por la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado a través de la oralidad y el arte.

De acuerdo con cifras de Indepaz, en lo que va del año, ya son cinco los líderes sociales asesinados en Colombia.

Méndez Buelvas era compositor de música folclórica y miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), “por lo que no tenía amenazas ni problemas con nadie”, dijeron sus seres queridos.

Siguiendo el registro de Indepaz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc, han sido asesinados 1.414 líderes sociales.

Siguiendo el registro de Indepaz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc, han sido asesinados 1.414 líderes sociales.
Siguiendo el registro de Indepaz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc, han sido asesinados 1.414 líderes sociales.

En su alerta temprana 033-22, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos que viven los líderes sociales en el departamento de Sucre.

En el documento, la entidad del Ministerio Público señaló que en dicho territorio hay una imposición de normas de conducta entre las comunidades por parte de las denominadas Autodefensas Gaitanistas.

Según la población, los hombres armados “actuaron como garantes del cumplimiento de medidas sanitarias en tiempos de pandemia, lo que les permitió ganar mayor poder y pretender mayor legitimidad, mediante el sometimiento e intimidación de la población que aún hoy mantienen”.

Desde diciembre de 2022 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos de Sucre han denunciado que se han visto obligados a ocultar sus nombres, trasladarse a otros territorios y vivir en medio de la zozobra por las amenazas contra su vida.

Por ejemplo, en San Onofre uno de los 15 municipios que conforman la subregión de los Montes de María, líderes sociales como José Moguea aseguraron que el acompañamiento que reciben cuando denuncian amenazas contra sus vidas es nulo.

Así lo lo expresó el 23 de diciembre de 2022. “El día 28 de noviembre recibí una llamada vía celular y me acerqué a la Fiscalía para instalar la respectiva denuncia, y la Fiscalía ni siquiera tomó la denuncia”.

También comentó que desde la personería municipal no se han activado las rutas de prevención y protección “todavía no he recibido respuesta sobre las amenazas de las que he sido víctima”, puntualizó el líder sucreño.

Por el recrudecimiento de amenazas contra líderes sociales, el reclutamiento de jóvenes, el narcotráfico y otros temas que ponen en riesgo los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo informó que próximamente emitirá una nueva alerta temprana para los Montes de María.

En los últimos días, esta entidad ha recibido quejas por la modificación o desmonte de medidas de protección a personas firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y otros integrantes de poblaciones objeto de especial protección del Estado.

Por esa razón, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, “para que revisen estas quejas y se ajuste la protección al contexto de las amenazas que reciben estas personas”.

“Desde la Defensoría del Pueblo, exhortamos a la Unidad Nacional de Protección a que, mientras se surtan los procesos de reevaluación de riesgo, se mantengan las medidas implementadas en aras de proteger los derechos a la vida e integridad de las personas en situación de amenaza”, señaló Camargo el 18 de enero.

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