72 horas después de que una denuncia por corrupción en los cementerios distritales de Bogotá llevara a que la entonces directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, renunciara, la entidad le solicitó a la fiscal 420 seccional de Bogotá que realice las actuaciones legales necesarias en contra de los integrantes de la sociedad Jardines de Luz y Paz SAS, por cuenta de las acciones que la unidad instauró contra ellos desde noviembre de 2022.
Así lo socializó la entidad el 17 de enero al finalizar la tarde, apegándose a la premisa que la misma exfuncionaria Camacho resaltó en su carta de renuncia a la alcaldesa, Claudia López: “no solo somos inocentes, sino que somos denunciantes”.
En la nueva comunicación a la Fiscalía, la Uaesp pidió que se soliciten las medidas cautelares correspondientes sobre los bienes de los implicados y las debidas restricciones para que estas personas no puedan salir del país, con el fin de asegurar la protección de los recursos de la entidad y de todos los ciudadanos.
En una segunda medida, la unidad también solicitó la pronta judicialización de los presuntos responsables de estos hechos, y reiteró la necesidad de que avancen las investigaciones por la presunta comisión de varios delitos que fueron puestos en conocimiento por la entidad a través de las denuncias realizadas desde el año pasado contra Liliana María Mercado Lozano, Eder Parada Carreño, Dairo Mora Valbuena y Jorge Andrés Parada Barrera, como directivos de Jardines de Luz y Paz SAS.
Las dos renuncias que radicó la Uaesp en 2022
Dos de las denuncias las realizó en noviembre de 2022 en contra de los directivos de Jardines de Luz y Paz. La primera de ellas se basó en una serie de presuntas irregularidades que habrían conllevado a que el contrato fuera adjudicado a un proponente que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos por la unidad de servicios públicos.
Y la otra denuncia que se radicó desde el Distrito Capital fue por la presunta apropiación ilícita de $5.847.403.391, provenientes de la ejecución del contrato 415 de 2021 para la administración de los cementerios del Distrito.
“La Unidad aportó nuevamente las pruebas que recopiló con el fin de que la Fiscalía General tome oportunamente las decisiones que se deriven de la investigación penal adelantada y reiteró su disposición para colaborar con todos los procesos relacionados”, indicó la comunicación que emitió el 17 de enero al finalizar el día la entidad.
Punto aparte, en la solicitud que hizo la Unidad a la fiscal 420 seccional de Bogotá, también argumentó el Distrito Capital que los delitos confesados por Sergio Venegas durante una entrevista a un medio comunicación, también fueron puestos en conocimiento del ente investigado, como parte de la ampliación de la denuncia presentada desde el año pasado cuando se entregó material probatorio a la Fiscalía.
Por último, tras aceptar la renuncia de la directora Camacho, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, designó como director encargado de la entidad el actual subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría Distrital del Hábitat, Javier Baquero, responsable de coordinar las políticas del sector y la gestión de los servicios públicos de la ciudad.
“Toda la administración distrital ha garantizado y garantizará la absoluta transparencia en los procesos que se adelanten y estará presta a cumplir con los requerimientos de las autoridades para que se aclaren estos hechos en el menor tiempo posible. Esta administración seguirá liderando una serie de medidas para prevenir acciones que pongan en riesgo el patrimonio público o incumplan las normas de transparencia, acceso a la información e integridad”, precisó la Alcaldía en la misma comunicación en la que dio a conocer el nombre del nuevo director encargado.
Seguir leyendo: