El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló el miércoles 18 de enero las labores que tendrían que desempeñar los voceros de paz y bajo el cuidado de quién serían designadas.
Durante una entrevista con El Espectador, el líder de la cartera reveló que dependiendo de cada uno de los detenidos, así mismo les serán asignadas las funciones que tendrán que cumplir, teniendo en cuenta sí es una persona activa en su comunidad rural o en medio de la ciudad.
“Las funciones dependen del entorno de cada persona. Hay unos que son líderes campesinos de la región del Cauca, que desempeñarán funciones en los conflictos por la tenencia y la propiedad de la tierra. Ayudarán a labores de convivencia. Para los que están en Bogotá, por ejemplo, si tenemos un problema de pandillas y ellos pueden tener incidencia, allí desempeñarán las tareas. Las actividades dependen caso por caso y serán establecidas por el Alto Comisionado para la Paz”, mencionó el ministro al medio de comunicación.
A diferencia del presidente Gustavo Petro, el ministro Osuna indicó que no tiene previsto liberar durante este año una enorme cantidad de detenidos para que sean voceros de paz, sino por el contrario, junto al Ministerio de Justicia e Interior, definir perfiles que se acoplen a lo deseado por el modelo de Paz Total.
“El Comité Intersectorial (MinDefensa, MinJusticia y MinInterior) ha sido muy cauteloso de partir de la idea de necesidades y luego sí buscar candidatos. El ejemplo que tengo más en la cabeza es el de convivencia entre indígenas, afro y campesinos en el norte del Cauca. Ahí nos puede servir una labor de vocería. Hemos preferido que las personas no estén condenadas y si están imputados, que los delitos no sean los que tienen mayor alarma social. No sabremos con precisión cuantos más vamos a solicitar. Depende de las necesidades”, comentó Osuna al Espectador.
El pasado 12 de enero por falta de competencia, la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud del Gobierno nacional para liberar a tres jóvenes nombrados como voceros de paz. Los jóvenes fueron identificados como Luidiar Felipe Camacho Chávez, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz.
En uno de sus argumentos la jueza indicó que “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el juez de Control de Garantías”.
Según la Fiscalía General de la Nación, Luidiar Felipe Camacho Chávez, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz hacen parte de la primera línea de Engativá y fueron capturados y judicializados, junto con 10 personas, en noviembre de 2021.
Para el ente acusador, estas personas estarían involucradas en la elaboración de bombas incendiarias y otros artefactos utilizados para confrontar a las autoridades y generar daños en los bienes públicos.
La jueza 28 de Conocimiento de Bogotá aseguró que para resolver asuntos del régimen de libertad lo podrá hacer “una vez se ha proferido la condena y mientras esta cobra ejecutoria”.
En su decisión, el despacho judicial informó que los casos de Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho Chaves y Steven Guevara Vega, “se encuentran en su etapa preparatoria, con fecha fijada para continuación de la audiencia el 15 de febrero de 2023″.
De otro lado, según Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación: “únicamente serán los jueces quienes interpretarán toda la normativa aplicable y decidirán sobre la procedibilidad de dichas libertades”.
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