La tarde del 18 de enero de 1989 marcó la historia de la vereda La Rochela, ubicada en Simacota (Santander). Ese día, 15 miembros de una comisión judicial de San Gil viajaron a investigar una serie de homicidios y desapariciones en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra; sin embargo, los funcionarios fueron emboscados y a 12 de ellos los asesinó el grupo paramilitar conocido como Los Macetos.
34 años después, la masacre de La Rochela vuelve a ser noticia y representa una esperanza para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, acusó formalmente al excongresista santanderiano Tiberio Villareal Ramos por su presunta participación en la muerte de los funcionarios.
Los Macetos estaban al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, y estaban aliados con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos miembros de la fuerza pública. Las acciones cometidas por el grupo paramilitar en el corregimiento santanderiano generó que el Estado colombiano fuera condenado en mayo de 2007 por Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), pero en las instancias judiciales nacionales todavía existe impunidad.
Las víctimas de la masacre fueron Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán, Samuel Vargas, Gabriel Enrique Vesga, Cesar Augusto Morales, Yul Germán Monroy, Carlos Fernando Castillo, Orlando Morales, Virgilio Hernández, Benhur Iván Guasca, Luis Orlando Hernández, Arnulfo Mejía.
La decisión de la Fiscalía
De acuerdo con el documento de 50 páginas del ente investigador—conocido en exclusiva por el diario El Tiempo—, alias Vladimir señaló directamente a Villareal Ramos de tener nexos con grupos de autodefensas: “Era la persona que cobraba los dineros a los comerciantes de Bucaramanga para colaborar con la financiación de la organización paramilitar y, de paso, de sus campañas políticas”.
La Fiscalía manifestó que los intereses políticos del procesado “rebasaron el normal acontecer proselitista” para terminar involucrándose con grupos paramilitares, narcotraficantes, autodefensa e integrantes del Ejército Nacional “con miras a favorecerse política y económicamente con la existencia de este accionar criminal”.
En el caso concreto de la masacre de La Rochela habría presionado para que se les quitara el expediente de la investigación que estaban adelantando. Si bien alias Vladimir no recibió una orden directa, el ente acusador indicó que sí escuchó la exigencia en una reunión en la finca de Henry Pérez, el máximo jefe de las Autodefensas de esa zona, según el diario El Tiempo.
“[Villarreal] era una especie de comandante financiero o asesor financiero de alto perfil de la organización de paramilitares con vínculos con narcotraficantes y militares que actuaban por fuera de la ley”, se lee en el texto conocido por el medio de comunicación. A eso se le suma que las indagaciones de la entidad apuntaron a que el excongresista incluso participó en la conformación de grupos de autodefensa y de narcotráfico.
“Tenía una injerencia considerable en dichos fenómenos, como colaborador económico y persona al mando de otra organización ilegal de tráfico de drogas, de la cual se nutrieron los paramilitares”, agregó.
La Fiscalía General de la Nación acusó al excongresista por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Todo el material probatorio “permite cumplir con creces el requisito de la probabilidad de verdad de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad penal en cabeza de Tiberio Villareal Ramos como autor mediato por dominio de aparatos organizados de poder”.
Ante los micrófonos de Blu Radio, el exrepresentante a la Cámara comentó que ha “presentado, conforme a mi legítimo derecho a la defensa, todas las pruebas necesarias para demostrar mi total y mi completa inocencia en ese caso”. El acusado argumentó que solo existe el testimonio de alias Vladimir, pero en “todos los demás (...) no figura para nada el nombre de Tiberio Villareal Ramos”.
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