En octubre de 2022 organizaciones de derechos humanos le presentaron al Gobierno nacional un censo de 201 personas privadas de la libertad en contextos del paro nacional de 2021.
El martes 17 de enero la Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos a dos patrulleras de la Policía Nacional, adscritas a la policía de Cundinamarca, por presuntas irregularidades que cometieron en la detención y captura de un par de jóvenes en Soacha sin, que al parecer, existiera mérito para adelantar ese procedimiento.
Las patrulleras señaladas son Liliana Marcela Piñeros Mora y Angie Michelle Durán Rico, de las estaciones de Policía León XIII y Chicó de Soacha, respectivamente.
Para el Ministerio Público, las investigadas habrían incurrido en falta disciplinaria “por omisión de sus funciones al privar de la libertad a dos jóvenes sin que hubiese mediado la flagrancia o se tuvieran pruebas de su eventual participación en alguna conducta delictual durante las manifestaciones del 29 de abril de 2021″, se lee en la decisión del órgano.
Otra de las irregularidades que estableció el ente de control fue que las dos patrulleras intervinieron de manera directa en los procedimientos que conllevaron a la aprehensión física de las ciudadanas, “a quienes acusaron sin presentar prueba alguna o aportar el nombre de algún testigo que las validara”, señaló la Procuraduría General.
En mayo de 2022 la Personería de Bogotá ya había advertido sobre las capturas irregulares que se presentaron en el paro nacional de 2021.
En ese momento el concejal Diego Cancino, uno de los que más ha seguido estos procesos legales, se mostró a favor de lo expuesto por la Personería.
“Nos dijeron que decíamos mentiras, que en el Portal de Las Américas y en el Portal Suba no había existido retenciones arbitrarias, que el Esmad no había detenido jóvenes, pero lo que nos acaba de reconocer la Personería es muy grave, nos admite que sí hubo detenciones arbitrarias por parte del Esmad en el momento del paro”, aseguró el concejal del Partido Verde.
En el proceso que se inició en contra de Liliana Marcela Piñeros Mora y Angie Michelle Durán Rico, el Ministerio Público llamó la atención sobre la similitud que tuvo la redacción de los hechos en ambos casos y la confusión en que incurrieron ambas patrulleras al solicitarles describir de manera detallada la manera como se desarrollaron los hechos.
Por esa razón, y de manera provisional, la Procuraduría General calificó la presunta falta de Piñeros Mora y Durán Rico como gravísima a título de culpa grave.
Reportes de la organización ‘Defender la libertad, asunto de todos’ estableció que se presentaron 914 detenciones “injustas” por parte de la fuerza pública durante el paro nacional de 2021.
Información de la organización da cuenta que de las 914 retenciones, 835 fueron en Bogotá, 26 en Popayán y 25 en Barranquilla. “De estas 914 personas, 47 personas han sido judicializadas, y las demás han sido trasladas por protección o por procedimiento policivo”, reveló el informe.
‘Defender la libertad’ aseguró en su trabajo investigativo que en muchas de las detenciones ilegales se presentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en los Centros de Atención Inmediata (CAI), o estaciones de Policía.
“Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a partir de dispositivos de control eléctrico y finalmente, a algunas personas se les fracturaron sus manos producto de golpes”, dice el documento.
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