El 17 de enero, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, respaldó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y los Pachencas, solicitadas por el Gobierno nacional, bajo el argumento de los diálogos que se están sosteniendo con grupos armados y el proyecto de paz total. En su intervención aseguró que “la paz no puede estar por encima de la Constitución”, tras este comentario, el presidente Gustavo Petro se pronunció y aseguró que la funcionaria está equivocada.
El mandatario puntualizó en que la paz es un derecho constitucional amparado en la carta del 91: “Una profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia, todos los funcionarios públicos, incluido ella (Margarita Cabello Blanco) e incluido, yo debemos obedecer la Constitución”.
En este sentido, el presidente Petro explicó que está catalogado como un derecho fundamental y cuestionó el por qué los funcionarios olvidan algo así:
“La Constitución nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, ¿o es que se nos olvidó el artículo 22 de la Constitución?, de tanto hacer guerras y discursos guerreristas, a los que estamos acostumbrados a las últimas décadas, se nos olvidó que el artículo 22 ordena la paz, como un derecho fundamental”.
En la misma línea de la Fiscalía General de la Nación, Cabello aseguró que el respeto por la decisión de no firmar las órdenes hace parte de la independencia de poderes y que los argumentos dados por el organismo son completamente acertados, como por ejemplo, que las estructuras y bandas mencionadas no tienen un sustento político ni ideológico, como pasa en el caso de las guerrillas y agregó que tendría que haber un marco jurídico que sustentará esta decisión basándose en el principio de sometimiento a la justicia.
“Hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo solicitada por el Gobierno por cuando, cómo él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos”, anotó la procuradora general.
No es la primera institución que ha señalado su apoyo a la decisión de la Fiscalía, ya que hasta la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, anotó que respaldaba lo dicho por Francisco Barbosa.
“Quiero fijar la postura eminentemente institucional. Yo creo que nuestro estado de derecho, como bien los anotaba el señor Fiscal General de la Nación, nuestra Constitución, nuestras leyes de la República, establecen en primer lugar la separación y las competencias individualizadas para cada institución del estado colombiano. A la Fiscalía le es dado luchar sin ambages contra cualquier tipo de criminalidad (...) quiero dar un espaldarazo público frente a todos los llamados a proteger a rodear la institucionalidad. A todas las instituciones se les entregó un mandato constitucional y legal a los cuales estamos obligados cómo servidores y cómo ciudadanos colombianos a honrarlos”, dijo el defensor.
El funcionario fue un poco más allá, incluso, resaltó las labores que está llevando a cabo la Fiscalía en los últimos años: “Es importante dar cuenta a la opinión pública y a los ciudadanos en los territorios que esto es con resultados, así como lo ha vendido de manera clara, adelantando la Fiscalía en todas sus actividades investigativas”.
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