Tras conocerse que la Justicia guatemalteca adelantará acciones legales en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, por supuestamente haber permitido acuerdos de cooperación con dos directivos de Odebrecht cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), desde distintos sectores han salido a defender o criticar a Velásquez, entre los que lo han defendido un nombre sobresale: Enrique Peñalosa, uno de los más viejos contradictores del presidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta de Twitter, el dos veces alcalde de Bogotá y ex precandidato presidencial escribió que está “convencido” de la integridad y valentía del ministro Velásquez, sin que eso le quite lo mal ministro que es, según Peñalosa:
“Iván Velásquez es un mal minDefensa, comenzando porque no quiere ni respeta suficientemente a policías y militares, ni entiende la necesidad que frecuentemente tienen las democracias de usar la fuerza para hacer cumplir la Ley, pero estoy convencido de que es íntegro y valiente”, escribió el exalcalde de Bogotá.
Uno de los primeros en salir a defender al ministro Velásquez fue el mismo presidente Petro, que llamó a consultas al embajador colombiano en Guatemala.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta (sic)”, escribió Petro en Twitter, el lunes 16 de enero.
En cambio, entre quienes han criticado al ministro Velásquez, e incluso han pedido su renuncia está el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Uribe, que expresó en sus redes sociales que esta situación complica al país y por esto realizó una petición al ministro Velásquez: que abandone su cargo.
“El ministro de Defensa de Gustavo Petro debe apartarse del cargo inmediatamente porque está vinculado a un proceso de corrupción con Odebrecht en Guatemala. Por su parte, el presidente Petro y su Gobierno deben honrar la convención interamericana contra la corrupción y colaborar con la justicia guatemalteca”, dijo el congresista.
Por su parte, la también congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal pidió al jefe de cartera no usar documentos oficiales al pronunciarse sobre estos asuntos:
“El señor Velásquez no debería usar los membretes del Ministerio de Defensa Nacional para pronunciarse sobre el proceso que se le sigue en Guatemala. Ese no es un asunto institucional, sino personal”.
¿De qué se acusa al ministro Velásquez?
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche fue el encargado de dar a conocer que, dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la CICIG, entre las que está la de Iván Velásquez, acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, según Curruchiche anómalos, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró Curruchiche en un mensaje oficial.
El fiscal Curruchiche también lanzó la misma advertencia a la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, que fungió como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
El 17 de enero, en entrevista con Blu Radio, el fiscal Curruchiche confirmó que en la investigación, que se encuentra bajo reserva, se encontraron elementos que relacionan al funcionario del Gobierno de Gustavo Petro con la perdida de más de 380 millones de dólares en Guatemala, presuntamente a manos de la red de corrupción que durante años estuvo a cargo de la compañía brasileña.
“Así lo indican los elementos con los que contamos en este momento. Me gustaría profundizar más en esto, pero en la audiencia judicial el caso fue declarado bajo reserva. Los elementos que tenemos nos hacen prever que hubo una planificación, una concertación en la que estaban el señor Velásquez, la señora (Luz) Camargo, los señores fiscales, pero también estaban los jueces. Eso fue una estructura criminal que operó por años en ese país”, acotó el fiscal Curruchiche.
El funcionario guatemateco agregó que una de las evidencias más dicientes es que durante su tiempo en la dirección de la Cicig, que fue de entre 2013 y 2017, el ministro colombiano tuvo acceso a toda las reuniones que se llevaron a cabo.
“Había todo un entramado para cometer algunas irregularidades, había un entramado para cometer delitos. El señor Velásquez Gómez intervino de forma directa en todas las reuniones, estaba al tanto de todo lo que acontecía. Estamos hablando de 384 millones de dólares”, dijo.
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