El atasco de tuberías en las instalaciones de la Unidad de Protección Integral UPI, La Rioja, ubicada en la localidad de los Mártires, donde se alberga a la comunidad embera, es solo una de las situaciones que profundiza los problemas de sanidad que debe enfrentar la comunidad desde su traslado.
Así lo informó la concejal de Bogotá Ana Teresa Bernal tras la visita que realizó en enero de 2023 al lugar. Allí también se evidenciaron otros problemas de salubridad que están lejos de garantizar el bienestar, como la existencia de dos baños para el uso de 1.450 personas que se encuentran en el albergue.
El problema de salubridad se convierte en un foco de enfermedades sumado al hacinamiento que vive la comunidad en el campamento y que pide el cumplimiento de la administración. De hecho, según informó Bernal, hace alrededor de dos meses que no hay agua para que puedan bañarse.
En cuanto a las condiciones del campamento, la situación se complica para las familias, dado que las habitaciones no cuentan con ventilación y allí duermen niños, adultos y ancianos, muchos de ellos con enfermedades. Además, el lugar está inundado con agua reposada, comida y desechos.
Se espera que el crecimiento de la comunidad aumente con el regreso de los indígenas a Bogotá durante enero de 2023 y que se habían marchado a sus territorios al finalizar el 2022, esto debido a que recibieron garantías de vivienda.
El llamado a la Alcaldía para el cumplimiento del acuerdo
El Concejo de Bogotá, en voz de Bernal, que además es la vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS, comunicó que se ha solicitado nuevamente una respuesta por parte de la administración en relación con los acuerdos que realizó con la comunidad embera.
Cabe recordar que los acuerdos consistían en ofrecer condiciones dignas de vida para la comunidad, razón por la que fueron trasladados a la UPI La Rioja.
La violencia que azotó a los pueblos indígenas
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),se en su informe final de 2022, dio a conocer las condiciones en las que los pueblos indígenas cerraron el año, atravesando situaciones de afectaciones a los derechos humanos y actos de violencia a mano armada en los territorios ancestrales.
El conflicto armado en el país ha sido uno de los principales factores que propicia el desplazamiento de las comunidades indígenas hacia las ciudades del país, entre ellas Bogotá. Además, según se reveló, el problema se agudiza con el resurgimiento de grupos armados, el aumento de intereses por el control de las regiones, las rentas que provienen del narcotráfico y la extracción de recursos naturales.
La violencia sexual es otra de las extensiones de violencia que afecta a la comunidad y que resulta difícil de identificar debido a que las víctimas no se atreven a denunciar. Según información suministrada por Medicina Legal, se han registrado más de 1.500 casos de violencia sexual entre 2019 yl 2022 hacia niños, niñas y adolescentes indígenas.
Por otro lado, la Organización Nacional Indígena de Colombia también indicó que a través de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz se siguen denunciando las situaciones que afectan a las comunidades indígenas del país
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